Hacienda crea una cuenta en el Banco de España para gestionar los gastos catalanes
Desde ella abonará directamente los pagos a proveedores y a funcionarios, una vez que sean debidamente justificados desde la Generalitat.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intervino en la sesión de Control al Gobierno. JAVIER LIZÓN
El Gobierno dio ayer un paso más sobre el control financiero de Cataluña puesto en marcha en septiembre por el Consejo de Ministros a fin de evitar gastos irregulares del Ejecutivo de Carles Puigdemont en pleno órdago independentista. Para ello, solicitó la apertura de una cuenta en el Banco de España, cuyo titular es el Ministerio de Hacienda, desde la que controlará los gastos de la comunidad autónoma y transferirá las partidas retenidas del sistema de financiación para hacer frente a las facturas de proveedores y a las nóminas de los funcionarios una vez se justifiquen debidamente.
Para atender dichos pagos, el departamento que dirige Cristóbal Montoro irá realizando transferencias desde esta cuenta a las entidades financieras correspondientes. Antes de eso, la Intervención General del Estado habrá tenido que dar su visto bueno a cada orden de pago después de que la Intervención General de Cataluña haya verificado que las cantidades no se destinarán a fines soberanistas.
En el momento en el que el Gobierno central levante la intervención de los fondos de la Generalitat, Hacienda procederá a la cancelación de la cuenta y a la liquidación del saldo sobrante en favor de la comunidad, según figura en la orden ministerial que publicó el martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En cualquier caso, las medidas de control financiero sobre Cataluña podrían incrementarse si finalmente el Ejecutivo de Mariano Rajoy aplica hoy el artículo 155 de la Carta Magna llegando incluso a intervenir la Hacienda catalana.
Con la mirada puesta en Cataluña, la reforma del sistema de financiación autonómica tomó ayer una velocidad inesperada. El ministro de Hacienda, se comprometió en el Congreso a cumplir con el compromiso del Gobierno y abordar de forma «inmediata» este capítulo, para lo que solicitó el respaldo de otros grupos parlamentarios, básicamente el socialista, cuyo partido gobierna en varias autonomías. «Vamos a cumplir con nuestra promesa (…) y vamos a hacerlo ya», garantizó Montoro, durante su respuesta a una pregunta del PNV sobre la nueva ley del cupo vasco.
El ministro se ha mostrado hasta ahora contrario a presentar una propuesta de mejora sin el acuerdo previo con los socialistas, pero el reciente entendimiento entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez abre nuevas expectativas para conseguir un sistema de financiación más justo para todas las comunidades autónomas.
Seguridad de las empresas
El conseller de Empresa, Santi Vila, aseguró ayer que ninguna decisión política del gobierno de la Generalitat pondrá en riesgo la seguridad jurídica de las empresas, a las que pidió que actúen de forma responsable para evitar que sus decisiones sean utilizadas políticamente.
Vila recordó que la actividad económica de Cataluña tiene en estos momentos «unos indicadores muy positivos» en cuanto a empleo, PIB e inversiones extranjeras y afirmó que sería «absolutamente reprobable e inadmisible que por razones políticas se distorsionara esta situación».
«Sea cual sea el escenario político a corto y medio plazo no habrá ningún tipo de decisión política que ponga en riesgo la seguridad jurídica del desarrollo de la iniciativa empresarial en nuestro país», afirmó el conseller en un comunicado, el día que se supo que más de 800 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otros puntos de España desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
En este sentido, Santi Vila criticó algunas decisiones que ha tomado el Gobierno español, como la aprobación del Decreto Ley que facilita el cambio de sede social de las empresas, y que «alimentan un clima social que tiene repercusiones en el consumo y en la confianza de los ciudadanos», hecho que calificó de «inadmisible».
«Algunos quieren entrar en dinámicas de boicot y toman decisiones por un criterio político y no se dan cuenta que contribuyen a crear un clima que puede afectar la economía y la generación de puestos de trabajo y que, por tanto, no nos podemos permitir», manifestó.
En este sentido, el conseller pidió a las empresas que actúen «muy responsablemente» porque «es bien posible que estas decisiones sean instrumentalizadas por el mundo de la política para alterar lo que ha de ser un marco de confianza y de seguridad que es el generador de actividad económica y empleo».