El Govern pierde también la póliza de defensa jurídica

Los 14 miembros del Govern catalán, con Carles Puigdemont a la cabeza, y los cinco integrantes de la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, todos ellos investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su responsabilidad en la aprobación de las llamadas leyes de ruptura, ya no podrán utilizar la póliza privada de defensa jurídica suscrita por la Generalitat para sus altos cargos, según confirmaron ayer varios diputados del Parlament.

Este seguro firmado por la Administración catalana con una aseguradora, según el cual los altos cargos con asuntos judiciales abiertos pueden acudir a esta póliza para que abone los honorarios de su defensa legal, ha quedado en suspenso como consecuencia de la decisión tomada por Segurcaixa Adeslas.

La compañía, participada casi a partes iguales por Mutua Madrileña y Caixabank, decidió el pasado 11 de octubre resolver el contrato de cobertura de aseguramiento de responsabilidad civil suscrito por el Parlament. La causa fue «la gravísima agravación del riesgo producido por los acontecimientos recientemente producidos en Cataluña, singularmente la suspensión mediante providencia del Tribunal Constitucional de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundación de la República».