Interior quiere llevar ante la Audiencia Nacional a varias decenas de mossos
El instituto armado ya ha entregado pruebas gráficas de la pasividad del cuerpo.
El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero. KIKO HUESCA
M. Sáiz-Pardo | Madrid
La causa abierta en la Audiencia Nacional por sedición y denegación de auxilio contra José Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, podría tener en breve decenas de imputados más. El Ministerio del Interior quiere llevar a este tribunal a varias decenas de agentes de Mossos d’Esquadra que el 1-O, día del referéndum ilegal, mostraron no solo una actitud pasiva a la hora de desalojar los colegios, sino que en algunos casos llegaron supuestamente a obstruir el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado o se enfrentaron abiertamente con los policías y guardias civiles.
La juez Carmen Lamela oficialmente no ha respondido a la solicitud de la Fiscalía de ampliar los hechos investigados más allá de los incidentes del 20 de septiembre, cuando una decena de agentes de la Guardia Civil fueron acosados por una multitud durante el registro de la Consejería de Economía. Pero en la práctica, la instructora ya ha aceptado ampliar sus indagaciones (este viernes pidió a la Guardia Civil un informe sobre las llamadas telefónicas de Trapero y el resto de investigados entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre).
Según han revelado fuentes de los propios Mossos, la juez también ha pedido a la dirección del cuerpo que le facilite un listado completo de los 7.850 agentes autonómicos que participaron en el dispositivo completo del 1-O. La magistrada, según esas mismas fuentes, ha requerido que se identifique con el número profesional a todos los funcionarios y se especifique el destino que tuvieron durante la jornada de votación y el trabajo que realizaron, tanto si cerraron centros como si no lo hicieron. Además, ha pedido el listado de todo los mandos que «ejercieron tareas de coordinación e información» sobre los centros de votación.
Videos y documentación
Según responsables de Interior, este listado había sido requerido por la Fiscalía, a instancias de la Guardia Civil, que se ha comprometido a tratar de identificar a todos los agentes autonómicos que no colaboraron en los desalojos, desoyeron sus peticiones de ayuda o, directamente, se enfrentaron a ellos. La Guardia Civil, de forma preliminar, ya ha entregado a la juez Lamela vídeos y documentación de 41 colegios en los que los funcionarios autonómicos, a su entender, podrían haber incurrido en diversos delitos. Se trata de 17 centros de Barcelona, nueve de Tarragona, nueve de Lérida y seis de Gerona.
La Policía Nacional, que va más atrás en las pesquisas, va a esperar a recibir el listado completo de los mossos que actuaron el 1-O para tratar de identificar a los agentes que no colaboraron en los desalojos. Los responsables de la seguridad del Estado ya avanzan que en la «práctica totalidad» de los 92 colegios en los que intervinieron la Policía y la Guardia Civil no hubo colaboración alguna por parte de los Mossos d’Esquadra.
