El déficit para 2018 puede desviarse hasta 5.500 millones

D. Valera | Madrid

La crisis de Cataluña tiene un impacto en diversos ámbitos de la economía española, también en el área presupuestaria. De hecho, la situación actual pone en riesgo el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal pactada con la Unión Europea. En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó ayer que el desfase en el déficit de 2018 podría alcanzar los 5.500 millones (cinco décimas de PIB) si la incertidumbre se prolongara durante todo el año que viene. Esto supondría que España cerraría con un déficit del 2,7%, por encima del 2,3% que contempla el Gobierno en su última revisión. Por su parte, si la situación de Cataluña se resolviese antes -en los próximos tres meses- el desfase sería de dos décimas hasta el 2,4%, es decir, un desvío de unos 2.200 millones. Por suerte para el Ejecutivo, incluso en el peor escenario previsto por la AIReF el déficit se mantendría por debajo del 3%, lo que permitiría a España salir del programa de estrecha vigilancia de la UE. Hay que tener en cuenta que el organismo que preside José Luis Escrivá ya estimó que el impacto de la crisis de Cataluña en el PIB de España en 2018 oscilaría entre cuatro décimas y 1,2 puntos. Es decir, que en el supuesto más pesimista España crecería un 1,5%, frente al 2,3% estimado por el Gobierno. Asimismo, el informe presentado este jueves por la Autoridad Fiscal sobre las líneas presupuestarias de las comunidades estima que el objetivo de déficit autonómico del 0,4% es «factible» siempre y cuando se mantenga las entregas a cuentas del sistema de financiación actualizadas. Esto supone un incremento de 3.700 millones de recursos más para las comunidades.

Con este escenario sólo Murcia, Valencia y Extremadura es «improbable» que cumplan el objetivo Sin embargo, la Autoridad Fiscal defiende que lo normal es que estas entregas a cuenta se reduzcan hasta 2.000 millones para adecuarse al nuevo crecimiento previsto por el Gobierno para 2018 del 2,3% (tres décimas menos que el anterior). Una circunstancia que reduciría las posibilidades de cumplimiento de hasta 10 comunidades autónomas. Asimismo, si la prórroga presupuestaria se materializa y las entregas a cuenta no se actualizan supondría una pérdida de 1.000 millones respecto a las transferencias de 2017 teniendo en cuenta las liquidaciones del sistema.