El Ejecutivo afirma que la justicia valorará la conducta del expresidente

Destituido Carles Puigdemont junto al vicepresidente, Oriol Junqueras, y todos sus consejeros, el Ejecutivo de Mariano Rajoy considera innecesario pronunciarse sobre las intervenciones públicas de quien ya no ostenta el cargo de presidente de la Generalitat. Así lo trasladaron ayer fuentes de La Moncloa, que rehusaron comentar el contenido del mensaje retransmitido por TV3. «El Gobierno no valora las declaraciones del señor Puigdemont, que ha sido cesado a todos los efectos -recordaron-; la calificación de sus conductas corresponde al ámbito judicial».

Por ahora, la Fiscalía General del Estado ultima la querella por rebelión que previsiblemente presentará mañana contra los artífices de la declaración unilateral de independencia aprobada el viernes en el Parlamento de Cataluña. Afectará al menos a los miembros destituidos del Ejecutivo catalán y a los de la Mesa de la Cámara autonómica que permitieron la votación. Pero fuentes gubernamentales apuntan que si, además, Puigdemont y los integrantes de su gabinete se resisten a aceptar el cese, podrían incurrir en un delito de usurpación de funciones. Este supuesto está recogido en el artículo 402 del Código Penal, que advierte de que aquel que «ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años».

En el Gobierno mostraron ayer su malestar por que la televisión pública catalana emitiera la comparecencia de Puigdemont con el rótulo de «presidente de la Generalitat» y el formato de declaración institucional. Aunque lo «gravísimo», a juicio del PP, fue que no se reconociera destituido. «Su irresponsabilidad no tiene límites», censuró el partido en Twitter.

Ante la previsión de aplicar las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, miembros del Gobierno han reflexionado en los últimos días sobre la posibilidad de que la Generalitat se resista a acatar la resolución del Consejo de Ministros. Fuentes gubernamentales sostienen que lo trascendente es que el presidente, su número dos y los consejeros no tienen ya ni sueldo ni legitimidad para firmar ninguna orden.