Interior vuelve a las comisarías de los Mossos en busca de pruebas de sedición

Decenas de agentes de la Guardia Civil irrumpieron ayer en al menos ocho de las principales comisarías de los Mossos d’Esquadra en las cuatro provincias catalanas. Bajo el brazo llevaban la orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para reclamar todas las grabaciones, registros de llamadas, comunicaciones de emisora o correos electrónicos almacenados en las bases de datos de los centros regionales del cuerpo relativos al despliegue de seguridad del 1-O. Se trata de la primera gran operación del instituto armado después de que la instructora del tribunal decidiera ampliar su investigación por sedición más allá del acoso a la Guardia Civil durante los registros del 20 de septiembre y llevarla hasta el día del referéndum ilegal.

Las órdenes a los agentes del Ministerio del Interior eran recabar en las comisarías pruebas de que los Mossos, antes y durante el 1-O, recibieron órdenes extraoficiales para no actuar el 1-O y no desalojar los colegios tomados por la muchedumbre, desobedeciendo así las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de vaciar los centros de votación. La Guardia Civil sostiene en todos los informes enviados a la Audiencia Nacional que la inacción de los policías autonómicos no fue fruto de decisiones personales, sino de instrucciones de la cúpula de la institución, encabezada por entonces por el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero.