La Fiscalía pide imputar al alcalde de Alicante por despedir a una funcionaria
Junto al edil de Recursos Humanos han podido incurrir en un presunto delito de prevaricación .
El alcalde, Gabriel Echávarri, en el centro sin gafas. MANUEL LORENZO
efe | alicante
La Fiscalía ha pedido la imputación, por un presunto delito de prevaricación, del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE), y el edil de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, por despedir a una funcionaria, que es cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.
Así lo confirmaron ayer fuentes del ministerio público, después de que la Alcaldía informara en un comunicado de que el «Ministerio Fiscal ha dado traslado al juzgado de esta denuncia presentada contra el alcalde de Alicante» por «el despido de una trabajadora interina en fraude de ley».
La Fiscalía presentó la denuncia contra Echávarri y Giménez el pasado martes en el Decanato de los Juzgados de Instrucción de la ciudad, en el marco de unas diligencias de investigación propias en las que llegó a interrogar a los propios denunciados y a varios testigos.
Según las fuentes consultadas, la Fiscalía considera que Echávarri y Giménez pudieron incurrir en un delito de prevaricación al despedir sólo a la funcionaria, una técnica interina adscrita a la Concejalía de Cultura, cuando había otros empleados en una «situación similar», que estaban desempeñando también funciones diferentes a las del objeto inicial de sus contratos.
El alcalde socialista está también investigado (antes imputado) por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio
La Alcaldía emitió un comunicado a mediodía de ayer en el que asegura que la «situación jurídico-procesal» de Echávarri «no varía por la remisión de esta denuncia al juzgado».
En esa nota de prensa, se afirma que la situación laboral de la interina, luego readmitida a instancias del pleno municipal, constituye un «fraude de ley», como han declarado en Fiscalía «todos los técnicos de Recursos Humanos que intervinieron en el expediente».
La «legalidad y procedencia» de ese despido, añade la Alcaldía, ha sido también «ratificada» ante el ministerio público por una abogada adscrita a los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
El despido de la interina Catalina Rodríguez se produjo en abril, días después de que su cuñado, Luis Barcala, portavoz del grupo municipal popular, denunciase al alcalde ante la Fiscalía Anticorrupción por las contrataciones de la Concejalía de Comercio que ahora investiga el juzgado de Instrucción 9 de Alicante.
Echávarri asumió ese despido como una decisión propia en las redes sociales, aunque unas semanas después, en mayo, la Concejalía de Recursos Humanos revocó la medida y readmitió a la empleada a instancias del pleno de la corporación.
En su declaración ante el teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, encargado de las pesquisas, el pasado 25 de octubre, el alcalde negó que el despido de la funcionaria respondiera a una represalia contra Barcala y alegó que la situación laboral de ésta constituía «un fraude de ley» que podía ser denunciado por los sindicatos.
El ministerio público, sin embargo, ha concluido que existen indicios de la comisión de un delito de prevaricación.