«Estoy viva pero tengo que esconderme»

ANA GAITERO | LEÓN

Carmen podría estar muerta. Su exmarido dormía con la navaja debajo de la almohada. Primero la ninguneó y la insultó, luego la golpeó, le rompió los huesos y la violó repetidas veces. La abandonó con tres hijos en casa. Arruinó su vida y su economía. Perdió la alegría y la casa. Tuvo que dejar el trabajo y separarse de sus hijos para garantizar su seguridad.

«Pensaba que me estaba volviendo loca», confiesa siete años después de haber dado el paso de denunciar y de superar los interrogatorios de tercer grado «a que nos sometieron a mis hijos y a mí antes de que me creyeran». Esta mujer que se atreve a hablar, después de escribir su caso para presentarlo ante el juez, es una de las 561 víctimas que están en el sistema de seguimiento integral por violencia de género en León.

Carmen tiene el discurso de una mujer fuerte, pero su voz se quiebra cuando camina por el pasado y las lágrimas se expanden por sus ojos cuando evoca la peor de las pérdidas.

Esta cifra supone el mayor número de órdenes de protección activas que hay en Castilla y León, y que sitúa a la provincia leonesa por delante de Valladolid, que tiene en vigor 479 medidas de protección, y Burgos, con 445 mujeres víctimas de violencia de género en el sistema VioGén.

Carmen empieza a ver luz al final del túnel después de muchos años. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que se creyó, ella misma, que «era víctima de violencia de género». Y cuando empezó a ver claro lo que le ocurría «lo que más me costo es que me creyeran». Su exmarido está en la cárcel con una condena de más de 15 años y una de las órdenes de alejamiento más prolongadas —cerca de dos décadas— que se ha dictado en España, ratificada por el Tribunal Supremo.

Después de todo se hizo justicia. Pero no hay justicia que repare el daño causado. «Estoy viva, pero tengo que esconderme», apostilla. Teme tanto a la familia de su maltratador que su dirección no la saben ni sus hijos por seguridad. «Decidimos que separarnos era lo mejor para continuar nuestras vidas y tenemos contacto pero no saben dónde vivo exactamente», aclara.

Tampoco recuperará el patrimonio perdido. Con los 16 euros mensuales que embargan al maltratador por lo que gana trabajando en la cárcel tendrían que pasar 200 años para que saldara la indemnización pendiente.

Todo empezó la víspera de la boda, aunque ella no se esperaba lo que sucedió después. Y se casó. «Iba a celebrar la despedida de soltera con mis amigas y quiso quitarme el dinero. Como no lo consiguió, mi suegra llegó a decirle: Esta no es para ti». Carmen sufrió la complicidad de la familia de su exmarido.

«Yo soy una persona inteligente y sin embargo soporté más de 20 años de maltrato», dice con honestidad. Al principio no le denunció por los hijos. Con el paso del tiempo su cuerpo generó una respuesta defensiva: «Mi bloqueo era quedarme quieta y no moverme. Prefería que el golpe me lo diera a mí y no a mis hijos», recuerda.

Lo recuerda ahora. Muchas veces olvidaba. Negaba el infierno en su memoria. Prefería ser el blanco de su ira. Con ello creía proteger a sus hijos. «Al día siguiente no me acordaba de los moratones ni del dolor y como él bebía mucho y luego se dormía, yo quería que bebiera más para que me dejara en paz».

Carmen es de las víctimas de violencia machista que rompió, vivió un tiempo separada de su maltratador, y regresó con él. Se rompió del todo cuando murió su madre y se enteró de que su marido, que vivía entonces con otra mujer, arrancó las esquelas del pueblo donde la iban a enterrar.

Lo que no pudieron años de palizas y vejaciones lo pudo aquel gesto de poder y tiranía que el hombre quiso ejercer en uno de los momentos más difíciles de la vida de Carmen. «Fui a pedirle que nos dejara en paz, a mi y a mis hijos», explica. La respuesta no se hizo esperar...

El Instituto de la Mujer señala que puede reconocer como violencia de género la ejercida por una expareja aunque hayan pasado varios años, siempre y cuando exista una relación directa o indirecta entre el acto de violencia que tiene lugar en la actualidad y la relación de pareja que existió entre el agresor y la víctima.

«No puede establecerse un límite temporal determinado, si bien, si dicha relación de causalidad existe y puede acreditarse, estaremos ante un episodio de violencia de género del cual conocerán los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer».

Carmen empezó el calvario judicial. «Cuando me tomaron declaración me tocó el juez más severo», apostilla. «Parecía que yo era una delincuente, que había cometido algún error... Hasta que un día dije: Me voy a echar para atrás, no quiero que mis hijos pasen por esto. Si no llega a ser por la fiscal, que me llamó, me insistió y me dijo que no lo hiciera, no hubiera seguido adelante», confiesa.

Finalmente, se dictó una orden de alejamiento hacia Carmen y otras hacia sus tres hijos. Hasta que un buen día se produjo lo que sucede en muchos, demasiados casos. Quebrantó la orden de protección.

Según un estudio de la Uned, que analizó 131 sentencias condenatorias de 80 agresores en 2016, «las amenazas de muerte a la víctima o a allegados se dieron en el 31,3% de los casos y el 48% de los agresores que volvieron a convivir con su expareja la agredieron de nuevo».

El caso tomó un nuevo rumbo judicial al presentar la denuncia en la provincia donde se había trasladado a vivir. Se puso en marcha un plan personalizado de protección y su vida empezó a estar regida por la agenda que tenía que pasar a la policía para que garantizaran su protección.

«En el trabajo empezaron a sospechar que pasaba algo raro porque veían el coche de la policía. Yo no dije nada y no me renovaron el contrato», explica. Por eso una de sus reclamaciones es que «se vigile a los individuos maltratadores, que no esperen a que lleguen a nosotras». Luego llegó el juicio y la sentencia. «Lloró el juez, la fiscal y la gente que estaba en la sala», recuerda.

Las diligencias pasaron del juzgado de violencia de género a la Audiencia Provincial por la gravedad y continuidad de los hechos, aunque ella no quiere que se reproduzca su contenido. Su exmarido fue detenido inmediatamente después de notificarse la sentencia.

Sabía que a partir de entonces tendria que cuidarse también de la que había sido su familia política. Decidió venir a León a probar suerte con el trabajo y empezar una nueva vida. «Al llegar aquí me pongo en contacto con la Policía Local porque son quienes se ocupan de mi orden de protección y allí me encontré con la persona que ha hecho que yo consiga adelantar un paso en mi vida», relata.

Se refiere a Eva. Una de las policías que tiene asignada para el seguimiento de la orden de alejamiento y el plan de protección personal. «Es una persona que empatiza. Ella se ocupó de llamar al juzgado para que me dieran atención psicológica y me ha abierto muchas puertas. No sabemos a dónde tenemos que ir ni para denunciar. No sabes salir de la jaula en la que estás».

En los juzgados le abrieron otra ventana. «Me dieron un listado con todos los recursos a los que podía acudir y las ayudas que podía solicitar, cuando llegué a la Oficina de la Mujer de la Junta se asombraron de que tuviera toda esa información», apostilla.

En la Oficina de la Mujer de la Junta, ubicada en la Gerencia de Servicios Sociales, en la plaza de Colón, «se pusieron en contacto con el Ceas que me correspondía y no había llegado a casa cuando me telefonearon para darme cita», añade.

Tramitó la ayuda de 426 euros de la Renta Activa de Inserción, una cuantía con la que «es imposible vivir». Carmen lamenta que «para que te den una indemnización tengas que estar muerta» en referencia a una medida reciente encaminada a compensar a las hijas e hijos de las víctimas mortales de violencia de género.

Para Carmen, entrar en el circuito de apoyo mujeres víctimas de violencia de género le ha facilitado participar en una iniciativa pionera basada en técnicas de coaching para facilitar la búsqueda de empleo. Ahora acaba de ser seleccionada en el Ildefe para un curso que le permitirá obtener el certificado de profesionalidad de cocinera.

Siente que la marca del maltrato quedará para toda la vida en su cuerpo y en su mente. «Todavía me cuesta aceptar gestos cariñosos y estoy en alerta ante cualquier ruido», comenta. A pesar de todo, cree que el tiempo no ha pasado en balde. «A partir de ahora espero que pasen cosas buenas, me empiezo a querer, a escuchar, a decir que soy una persona capaz y espero que después de este curso de cocina pueda cumplir mi sueño», agrega.

Quiere abrir una pastelería. «Lo voy a hacer», dice reforzando su deseo de volver a empezar entroncando con una tradición familiar, pues su abuela tenía un obrador. «Ahora tengo ilusiones, antes solo tenía ganas de morirme». También planea reencontrarse en León con su hija y su nieta.

Carmen ha hecho un largo camino para salir de la jaula del maltrato. Quiere conseguirlo en León donde las puertas se le han ido abriendo poco a poco. Quizás algún día no tenga que esconderse, como le sucede ahora.

Según el Ministerio del Interior, de las 561 mujeres con órdenes de protección en vigor —hay 3.191 inactivas— más de la mitad —271— carecen de riesgo apreciado; otras 227 tienen calificación de riesgo bajo en el VioGén y otras 62 están clasificadas como de riesgo medio. Tan solo la medida de protección de una mujer está catalogada como de riesgo alto en el sistema VioGén.

En la provincia de León hay reconocidas en este sistema un total de 3.493 víctimas de violencia de género, cifra que la convierte en la segunda de la Comunidad con mayor número por detrás de Valladolid, que tiene un total de 3.860.