La juez valora una única macrocausa sobre el ‘procés’
Lamela cree que «los delitos son conexos» y que el Supremo debe hacerse cargo de todo.
M. sáiz-pardo | Madrid
La posibilidad de un único macroproceso contra el intento de secesión catalana gana enteros. Una sola causa en la que estén procesados los exconsejeros del Govern de Carles Puigdemont, los miembros de la Mesa del Parlament, los cabecillas de colectivos independentistas, agentes de los Mossos d’Esquadra e, incluso, funcionarios. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela —que hasta ahora tenía en sus manos el futuro procesal del destituido Gobierno autonómico, de los ‘Jordis’ y del exmayor Josep Lluís Trapero— se echó ayer a un lado y apoyó que el Tribunal Supremo, competente para investigar a los aforados del ‘procés’, se haga con toda la causa, unifique todas las pesquisas sobre el órdago secesionista vengan de dónde vengan y tome una decisión sobre la inmediata suerte carcelaria de los exmiembros del Ejecutivo de Puigdemont que están en prisión.
La decisión ahora queda en manos exclusivamente del magistrado del Supremo Pablo Llarena, quien por el momento solo investiga a los miembros de la Mesa del Parlament con la presidenta Carme Forcadell a la cabeza. Será él —y solo él— quién deberá decidir si echa sobre sus espaldas este macrosumario y si, tras hacerlo, libera al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los siete exconsellers en prisión antes de las elecciones de 21 de diciembre. También Llarena, que desde el principio se ha mostrado dispuesto a hacerse con toda la investigación, deberá acotar definitivamente los delitos de los que se acusa a los imputados en esa futura megacausa, que por ahora están investigados por rebelión, sedición, desobediencia, prevaricación y malversación.
La unificación en un gran procedimiento de toda la investigación sobre el ‘procés’ supondría incluir en el mismo sumario los hechos acaecidos desde inicios de septiembre, con la aprobación de las denominadas leyes de desconexión, hasta la huida de Puigdemont a Bélgica a finales de octubre. Un espacio temporal que también incluye el acoso a los guardias civiles el 20-S en la consejería de Economía; los preparativos durante meses de la consulta ilegal y el uso de fondos públicos para esta operación; la supuesta inacción de los Mossos el 1-O; el presunto espionaje a las fuerzas de seguridad del Estado por parte de la policía autonómica; la aprobación de la propia declaración de independencia el 27 de septiembre en el ‘Parlament’; o los intentos de destrucción de pruebas posteriores, entre otras muchas cuestiones.