Junqueras y los exconsejeros presos olvidan la DUI para salir de la cárcel

mateo balín | madrid

Los exconsejeros del Govern y los presidentes de las entidades independentistas Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Ómnium Cultural que se encuentran en prisión preventiva reclamaron ayer al juez del Supremo declarar de nuevo con el objetivo de abandonar la cárcel, una vez que su causa ha pasado de la Audiencia Nacional al alto tribunal. Para ello, al menos cuatro miembros de Esquerra investigados presentaron un escrito conjunto al magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa por un delito de rebelión contra los responsables del proceso secesionista, en el que se acogen a la llamada ‘vía Forcadell’ para lograr su excarcelación.

Esta estrategia de defensa supone, en esencia, que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y sus tres compañeros presos, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, acatan la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que propició la destitución del Govern y la disolución del Parlament, y garantizan su apuesta política por el diálogo y la negociación con el «Gobierno de España». Un compromiso que supone, por un lado, el abandono de la vía unilateral que les llevó a prisión y, del otro, que seguirán haciendo política pero dentro del marco constitucional.

Esta última exigencia fue fundamental para que el juez Llarena rebajara a una fianza de 150.000 euros la petición de prisión incondicional que hizo la Fiscalía del Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, durante su comparecencia del 9 de noviembre junto a los cinco miembros de la Mesa de la Cámara catalana investigados. De ahí que el exvicepresidente y los exconsjeros hayan decidido ahora seguir el mismo camino para salir de prisión y estar presentes en la campaña para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

«Somos candidatos en las listas de ERC, un partido político que es una organización legal, como legales son sus fines», asegura el escrito del abogado Andreu Van den Eynde, aduciendo que tienen derecho a participar en la campaña sin que su encarcelamiento «estigmatice de forma indebida su programa político».

También subrayaron que, en su opinión, en el ‘procés’ no existen «indicios de la concurrencia de los delitos de rebelión y sedición, pues no hay constancia de los elementos típicos del alzamiento violento o tumultuario». Es más, consideraron que los hechos imputados no son más que «el legítimo ejercicio de derechos fundamentales que deberían ser protegidos en lugar de perseguidos».

Eso sí, estas cesiones y/o compromisos adoptados ahora por los dirigentes republicanos encarcelados -el tiempo dirá si este alegato para salir de las cárceles de Estremera y Alcalá-Meco (Madrid) era real o mendaz- no evitó una advertencia política expresa en el escrito presentado en el Supremo.

«Aceptamos la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica, pero no renunciamos a defender nuestras convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas», avisaron en nítida referencia a que un referéndum pactado será el centro de su estrategia política para la próxima legislatura.

En el caso de los exconsejeros del Pdecat presos Josep Rull y Jordi Turull -Joaquim Forn lo hará hoy-, además del presidente de la ANC Jordi Sànchez, pidieron al juez Llarena su comparecencia para reclamar la excarcelación. Para ello reiteraron su acatamiento a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero lo hicieron sobre el papel con argumentos más livianos que sus colegas de Esquerra.

Una vez presentados estos escritos, el juez del Supremo tendrá que citarles a declarar de forma inminente al tratarse de una causa con preso y podría materializarse en breve.