Chaves y Griñán hacen frente al juicio por los ERE
El mayor caso de corrupción en Andalucía se juzga desde hoy.
José Antonio Griñán. EFE
cecilia cuerdo | sevilla
Los abogados de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán se encargarán de desmontar a partir de hoy la teoría de la conspiración en el caso de los ERE, apuntada por la juez instructora Mercedes Alaya, con la que supuestamente diseñaron e implantaron en la administración un sistema de ayudas irregular que permitió repartir hasta 741 millones de euros de forma discrecional y al margen de cualquier control para acallar las protestas de trabajadores y, de paso, cimentar sus mayorías en la Junta de Andalucía.
Los 22 exaltos cargos pertenecen en su mayoría a las Consejerías de Empleo y Hacienda, como Antonio Fernández, Javier Guerrero, Griñán o la exministra Magdalena Álvarez. Todos están acusados de prevaricación, con petición de pena de diez años de inhabilitación, porque, según señaló el juez en el auto de apertura de juicio oral, «mediante un concierto expreso o tácito han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero».
El sistema, denominado transferencia de financiación, surgió con la idea de agilizar la concesión de ayudas en un momento de crisis económica en numerosas empresas andaluzas, pero permitía el reparto «arbitrario» y discrecional de los fondos, eludiendo además el «control y fiscalización previa». Un defecto buscado de forma premeditada, según sostiene la instrucción.
La Fiscalía reclama seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación para Griñán, mientras que para Chaves reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación y no le acusa de malversación. Quince de los implicados se enfrentan también a penas de hasta diez años de cárcel por un delito de malversación, por supuestamente haber conocido las alertas de la Intervención acerca de que el sistema generaba irregularidades y no haberles puesto freno.
En el caso de los ERE se entregaron ayudas sociolaborales por un importe de 741 millones, pero cuyos compromisos de pago acabaron engordando la partida hasta no menos de 855 millones. Parte de esta cantidad acabaría en manos de personas que no reunían los criterios necesarios para obtener una prejubilación, los 126 intrusos identificados por la Junta de Andalucía. Otros 87 millones se destinaron a ayudas directas, muchas veces siquiera sin expediente de solicitud. La instrucción también ha puesto el acento en las jugosas comisiones que se embolsaron bufetes de abogados, sindicatos y empresas aseguradoras que mediaron en los trámites.