El Gobierno impugnará la candidatura de Puigdemont pese al revés del Consejo

nuria vega | madrid

Mariano Rajoy se encontró anoche con un contratiempo que en absoluto contemplaba. Horas después de que el Gobierno anunciase su intención de impugnar la candidatura de Carles Puigdemont a la Generalitat, el órgano consultivo discrepó sobre que éste sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional. El informe que llegó a la Moncloa sí respalda en todo caso, según fuentes gubernamentales, los «argumentos jurídicos» del Ejecutivo, que a última hora de hoy confirmó su intención de «seguir adelante».

El revés no deja de ser llamativo porque en realidad estos no eran los tiempos que manejaban en la Moncloa.

El Gobierno sorprendió ayer al precipitar su respuesta e iniciar los trámites para frenar ya la investidura de Puigdemont. En una comparecencia extraordinaria, Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el presidente había pedido al Consejo de Estado el informe preceptivo con el fin de impugnar este mismo viernes la candidatura del líder de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat.

El Consejo de Ministros tomará hoy la decisión definitiva, pero fuentes gubernamentales recordaron que si bien es obligatorio solicitar el pronunciamiento del Consejo de Estado, su posición no es «vinculante» e insistieron en que, dado que el órgano comparte el fondo de su argumentación, no revisarán sus planes. A cinco días del debate parlamentario, el Ejecutivo está determinado a impedir por esta vía que la Cámara catalana llegue a otorgar su confianza a un dirigente político sobre el que pesa una orden de detención. La impugnación, de ser admitida a trámite, suspenderá automáticamente la candidatura de Puigdemont.

El Gobierno ha tenido dos días esta semana para replantear su estrategia. Fue el lunes cuando el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, señaló al cabeza de cartel de Junts per Catalunya como aspirante. La propuesta formal apareció el martes en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña. Desde la Moncloa se advirtió entonces sobre la voluntad del Ejecutivo de no dar pasos en falso. «Ni siquiera sabemos cuándo es el pleno de investidura -apuntó cauteloso el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón-; cada cosa a su tiempo».

Hasta ahora, el Gobierno estaba a la espera de que la Cámara anunciara de manera oficial cómo pretendía llevar a cabo la elección del presidente de la Generalitat con el candidato instalado en Bruselas. «Si alguien dice que el señor Puigdemont va a comparecer a través de una televisión, no podemos recurrirlo -argumentó en esta línea el miércoles Rajoy en una entrevista en Onda Cero-, pero sí la decisión de la Mesa que diga cómo se va a actuar». Hoy, sin embargo, cambió el guión. Tras estudiar con los servicios jurídicos del Estado todas las opciones viables, el Ejecutivo llegó a la conclusión de que sí hay base suficiente para proceder. Y el argumento sobre el que gira la impugnación es que el expresidente catalán «carece de derecho a la libertad deambulatoria». En otras palabras, que no hay forma legal de que acuda al Parlamento el día 30 a presentar su proyecto de gobierno sin ser arrestado. «El estatus jurídico actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal en la Cámara, ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español», justificó la vicepresidenta.

Por otra parte, Carles Puigdemont reclamó ayer la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después del revolcón del Consejo de Estado, que consideró que no hay base legal para una impugnación preventiva de la investidura del candidato de Junts per catalunya. «Debe dimitir inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquestar».

Previamente, su candidatura había reaccionado con la máxima contundencia al anuncio del Gobierno central de que impugnará la candidatura de Puigdemont y no dejó ningún resquicio a una posible marcha atrás. Los neoconvergentes avisaron al Ejecutivo que no solo no retirarán la candidatura del expresidente de la Generalitat, sino que además presionaron para que Esquerra tampoco acate la anulación y el presidente de la Cámara catalana mantenga el pleno del debate si hay una suspensión previa del Constitucional. «No tenemos ninguna duda de que (Roger) Torrent protegerá los derechos de todos los diputados a investir a Puigdemont», dijo el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol.

El hombre de confianza de Puigdemont aseguró que el Gobierno central ha traspasado «todas las líneas rojas» contra el resultado electoral del 21-D.