La CUP explica la ‘cobardía’ de Gabriel en la internacionalización del conflicto
La exdiputada de la formación independentista pedirá asilo político en Suiza si España reclama su extradición.
El exdiputado de la CUP Benet Salellas dijo ayer que Gabriel no ha huido, ha buscado refugio. QUIQUE GARCÍA
colpisa | barcelona
No podía ser de otro modo. La huida de Anna Gabriel ha suscitado disparidad de opiniones. Mientras que para el independentismo la decisión de la exportavoz de la CUP está justificada por la politización de la justicia y la conveniencia de internacionalizar el conflicto, desde el bloque constitucionalista se la acusó de cobardía por no querer dar la cara ante los tribunales. Tanto Junts per Catalunya como Esquerra, ambas con miembros de sus partidos fugados en Bélgica, afirmaron entender que la exdiputada haya decidido no comparecer este miércoles ante el juez Pablo Llarena.
La candidatura que lidera Carles Puigdemont se felicitó incluso porque la presencia de Gabriel en Suiza ayudará a internacionalizar el conflicto, según apuntó su portavoz Eduard Pujol. Cuestionado sobre si esta nueva huida puede perjudicar el futuro procesal de los investigados que si han aceptado comparecer ante el Supremo, Pujol se limitó a señalar que hay que respetar la estrategia de cada uno. El diputado de Esquerra en el Congreso Joan Tardà añadió que le parece legítima «cualquier estrategia de defensa» para enfrentarse a «una causa política y no jurídica».
«Persecución política»
El exdiputado de la CUP y abogado de la huida, Benet Salellas, zanjó que su compañera «no ha huido, ha buscado refugio por una persecución política». Frente a la comprensión secesionista, PP, PSOE y Ciudadanos coincidieron en destacar la falta de valentía de Gabriel. El portavoz popular, Rafael Hernando, acusó a la dirigente de la CUP de cinismo, mientras que su homóloga socialista, Margarita Robles, afirmó que «lo importante de quien quiere asumir un compromiso político es defenderlo hasta el final y no se defiende hasta el final huyendo de la acción de la justicia».
Albert Rivera ironizó con que «es muy coherente para una antisistema y anticapitalista ir a parar a Suiza para escapar de la Justicia». Unidos Podemos evitó pronunciarse. Su portavoz, Irene Montero, solo apuntó que la salida al problema catalán debe de ser política y no judicial. El Gobierno también valoró la fuga y el ministro de Justicia la catalogó de «gravísima irresponsabilidad». Según Rafael Catalá, incumplir las responsabilidades judiciales supone «una falta de ética y cívica, más aún cuando se trata de un responsable público que debe tener una ejemplaridad adicional».
Asilo político
Suiza no concede extradiciones por razones políticas y Anna Gabriel pedirá asilo político si España reclama su entrega. Esa es la estrategia de la exdiputada de la CUP para eludir al Tribunal Supremo, donde está convencida de que no tendría «un juicio justo». Gabriel no se presentará hoy ante el juez Pablo Llarena, y el instructor dictará con toda probabilidad una orden de captura en territorio nacional, y está por ver qué medidas toma respecto a la presencia de la dirigente anticapitalista en Ginebra. La exdiputada de la CUP se ha convertido en el sexto prófugo de la justicia en la causa abierta en el Supremo por el proceso soberanista. Su fuga hay que sumarla a la de Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica. Gabriel explicó en sendas entrevistas con la radio televisión suiza y en el diario Le Temps que pone su futuro en manos de las autoridades helvéticas: «Suiza decidirá qué hace conmigo». Está convencida, tras escuchar a sus abogados, que una extradición a España sería «ilegal» porque «no hay base» para demostrar que ha cometido el delito de rebelión o el de sedición, que además no están recogidos en la legislación suiza. En cambio, remarcó, su equipo jurídico tiene argumentos suficientes para sostener que es víctima de «una persecución política».
Un portavoz del Departamento de Justicia de Suiza confirmó que su país «no autoriza ninguna extradición ni ninguna ayuda jurídica por delitos políticos», y Gabriel, dijo, está acusada de «delitos políticos». El tratado de extradición suscrito por España y Suiza a fines del siglo XIX exceptúa de las entregas recíprocas al individuo «perseguido o castigado por un delito político anterior a la extradición.
