Los Mossos crearon un servicio ilegal de espionaje
El pasado 26 de octubre, a las puertas de la incineradora de San Adrià del Besós, los Mossos d’Esquadra alegaron ante los policías nacionales que les dieron el alto que las 30 cajas que cargaban en una furgoneta y que pretendían destruir no eran más que documentación burocrática de la Comisaría General de Información con datos sobre nóminas, bajas o vacaciones. Papeles que afectaban a la intimidad de los funcionarios y que destruían de forma periódica.
Pero casi toda esa versión era mentira. Buena parte del material incautado por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que en realidad buscaba órdenes para no actuar el 1-O contra el referéndum, está referido a un «servicio ilegal de espionaje» creado en el cuerpo autonómico para el seguimiento de mandos del Cuerpo Nacional de Policía, políticos, abogados o periodistas que, según los Mossos, eran contrarios al ‘procés’.
El informe realizado por la Brigada de Información de Barcelona a partir del estudio de esos documentos, algunos parcialmente destruidos antes de ser enviados a la incineradora, revela el espionaje sistemático a «partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista».