El caso de Gabriel envenena el debate sobre la prisión permanente
La decisión de Ciudadanos de desbloquear el 27 de febrero el debate en el Congreso sobre la derogación de la prisión permanente revisable abrió la puerta al debate parlamentario más emocional y menos jurídico que se recuerda. El asesinato del niño Gabriel Cruz ha envenenado una polémica ya de por sí tensa en la que casi ningún grupo parlamentario se encuentra cómodo.
El PP pretende encabezar la ola de indignación social; Ciudadanos se ve obligado a hacer equilibrios para recomponer su posición, en un principio contraria al castigo; PSOE y Podemos encuentran dificultades para defender la derogación en un momento delicado; y el PNV, impulsor de la abolición, soporta fuertes presiones. El debate de hoy sobre la prisión permanente revisable estaba aparcado desde hacía meses en el Congreso a la espera de que el Constitucional resolviera el recurso que presentó toda la oposición en 2015 contra la incorporación al Código Penal de esta figura, promovida en solitario por el PP. Había un acuerdo tácito entre los grupos parlamentarios para aguardar al fallo de la corte. Pero la pugna entre el PP y Ciudadanos dinamitó el consenso y, al calor del descubrimiento en enero de cuerpo sin vida de Diana Quer, populares y liberales se enzarzaron en una disputa por ser el proponente de medidas más drásticas para este tipo de crímenes.
El debate es tan visceral que muchos han confundido los términos del debate den el Congreso porque no se va a aprobar o rechazar la derogación de la prisión permanente revisable. Solo se van a discutir y votar dos enmiendas a la propuesta del PNV para suprimirla. La del PP pretende ampliar el número de supuestos para aplicar la medida, y la de Ciudadanos aspira a endurecer los requisitos para conceder el tercer grado. Lo más probable es que ambas sean derrotadas porque PSOE, Podemos y los nacionalistas superan en votos, suman 181, a los 169 que reúnen populares y naranjas, que se darán apoyo recíproco. El rechazo abrirá la tramitación de la derogación en la Comisión de Justicia de la Cámara.
Pagar un precio
Pero el resultado es casi lo de menos. Los defensores de la derogación saben que se arriesgan a pagar un precio político y electoral. «Les costará muchos votos», pronosticó hoy Juan Carlos Quer, padre de Diana. Ciudadanos y el PSOE aceptan que pueden ser los paganos en este debate por la transversalidad de su masa social. El partido de Rivera teme una factura abultada por su volantazo ya que en octubre de 2016 tachaba de inconstitucional y de cadena perpetua camuflada a la prisión permanente, y permitió con su abstención la aprobación de la iniciativa del PNV.