El juez rebaja a desórdenes públicos los actos de la líder de los CDR detenida

Tamara Carrasco, la auxiliar administrativa de 34 años detenida el pasado martes en la operación Cadera, salió ayer poco antes de las 15.00 horas de la Audiencia Nacional con destino a su domicilio en Viladecans, localidad de la periferia de Barcelona. Tras pasar 48 horas en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, la activista arrestada por coordinar presuntamente las acciones de sabotaje de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) compareció ante el juez Diego de Egea, de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número seis, tras acogerse antes a su derecho a no declarar ante los agentes del Instituto Armados.

Carrasco llegó a la Audiencia Nacional en un vehículo policial sin distintivos poco antes de las 10 de la mañana y entró en la sala de declaraciones pasadas las 13.30 horas. La Guardia Civil y la Fiscalía de la Audiencia habían justificado su detención por la comisión de los delitos de rebelión y terrorismo. Desde que se conoció la noticia circuló su foto a cara descubierta tras ser arrestada en su domicilio y varias informaciones sobre la presencia de «indicios» en su vivienda que vendrían a reforzar las acusaciones.

Sergi Atienza, abogado de Carrasco, aconsejó a su cliente que se acogiera también a su derecho a no declarar ante el juez porque la causa está declarada secreta. Le hizo caso, y en apenas 45 minutos concluyó la comparecencia. El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, representante del Ministerio Público en el interrogatorio, mantuvo los indicios y reclamó para la mujer prisión provisional sin fianza por la gravedad de los delitos y los riesgos de reiteración delictiva y de fuga.

Sin embargo, el juez Diego de Egea apenas 15 minutos después de concluir la declaración echó por tierra la tesis delictiva de la Fiscalía y de la Guardia Civil con un auto demoledor: libertad provisional para la detenida, imputada solamente por un delito de desórdenes públicos.