Un auto apunta a una posible financiación irregular del PSPV y Bloc
efe | valencia
La Intervención General del Estado ha detectado irregularidades en «la práctica totalidad» de los adjudicaciones a la agencia de comunicación Crespo Gomar que fueron investigados por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en relación con la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc.
Tras estudiar una denuncia del diputado del PP y exvicepresidente de la Generalitat José Císcar, la jueza que se hizo cargo de la investigación, la misma encargada del caso del accidente de metro de 2006, vio indicios de financiación irregular, falsedad continuada, malversación y prevaricación.
Por este motivo, en un auto que hizo público ayer la Cadena Ser, fechado el pasado mes enero, la titular de Instrucción 21 acordó la inhibición de la investigación en favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía, si bien, a juicio del fiscal, los posibles delitos de financiación ilegal estarían prescritos.
La magistrada encargó un informe a la Intervención General del Estado que constató irregularidades en expedientes de contratación adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde administraciones controladas por el PSOE.
La jueza considera que «indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación.
«Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas», añade el auto.