Llarena pide a Montoro que aclare si se destinó dinero público al 1-O
Varios imputados se aferran a la declaración del ministro para rebatir que malversaran.
m. sáiz-pardo | madrid
La investigación judicial sobre el ‘procés’ toma una derivada inesperada con el enfrentamiento entre el juez del Supremo Pablo Llarena y el Gobierno. El magistrado teme que una de las vigas que sostienen su imputación contra los líderes independentistas, la malversación de fondos públicos en el referéndum ilegal del 1 de octubre, se venga abajo por unas declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien aseguró que el Gobierno de Carles Puigdemont no usó dinero público para financiar la consulta.
El tema no es baladí, reconocen en altas instancias del Supremo, habida cuenta de que la entrega de Puigdemont, una vez que la justicia alemana ha rechazado en primera instancia su extradición por el delito de rebelión, solo se sostendría en una malversación que el máximo responsable de Hacienda ha negado ahora. De ahí la fulminante reacción del instructor del Supremo ante el riesgo de quedarse sin un poderoso argumento para procesar a los encausados y reclamar a Bélgica, Alemania y Reino Unido su entrega.
Llarena, en una requisitoria inédita, ordenó ayer en persona al propio Montoro que explique qué pruebas tiene para contradecir al Supremo. El ministro, en una entrevista el lunes al diario El Mundo dijo: «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público», para luego matizar que solo una «falsificación» de algún funcionario podría haber colado esa partida irregular.
Hacienda también reaccionó ayer con rapidez y un portavoz del ministerio explicó que las palabras del ministro sólo se referían al FLA, un sistema de financiación extraordinario por el que el Ministerio paga directamente a los proveedores sin que medie intervención alguna del Ejecutivo catalán. Otra cosa, insistieron las fuentes, es que alguna de esas facturas sea falsa, por lo que Hacienda ya ha pedido requerimientos con información extra.
El juez exige al ministro pruebas de que ni un euro público ha financiado el ‘procés’, y que le informe «a la mayor brevedad posible» sobre el «soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña».
El problema, según desvela el propio juez Llarena en su resolución del martes, es que las declaraciones de Montoro no solo podrían frustrar la entrega de Puigdemont, sino que están siendo «objetadas por varios de los procesados en las declaraciones indagatorias celebradas los días 17 y 18 de abril de 2018» para defender «la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros».
