Los pensionistas en la calle y el PNV logran ‘torcer’ la voluntad de Rajoy

P. HERAS / L. PALACIOS | MADRID

La presión ciudadana, la de la oposición y la necesidad ineludible del apoyo del PNV para aprobar los Presupuestos lograron ayer lo que parecía imposible: que el Gobierno dé marcha atrás y acceda a ‘reformar’ su polémica reforma de las pensiones, aprobada de manera unilateral en el año 2013. Renuncia Rajoy a los dos pilares sobre los que se sustentaba: el nuevo índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, dos elementos correctores que reducen el gasto en estas prestaciones y, por consiguiente, alivian los ‘números rojos’ de la Seguridad Social.

Pero Rajoy necesita votos en el Congreso de los Diputados para sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos elaborado por el Gobierno para 2018, que ahora podrá seguir adelante gracias al PNV. Los nacionalistas vascos habían repetido hasta la saciedad que ni siquiera se sentarían a hablar con el Ejecutivo mientras Cataluña siguiera intervenida y las medidas aprobadas al amparo del artículo 155 de la Constitución estuvieran en vigor. No ha sido así. Hoy salvarán la tramitación de las cuentas, y lo harán a cambio de un tanto político que habría querido para sí cualquier partido de la oposición: el compromiso de Rajoy con una subida general de las pensiones.

El acuerdo alcanzado implica una actualización de las pensiones vinculada al Indice de Precios de Consumo (IPC) tanto en 2018 (un 1,6%) como en 2019. E igualmente contempla que la base reguladora de las pensiones de viudedad suba al 56% en 2018 (el proyecto del Gobierno preveía el 54%) y al 60% el próximo. Además, se mantendrá la subida de entre el 1% y el 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, negociada ya por el Gobierno y Ciudadanos. El Ejecutivo también ha accedido a retrasar hasta el 2023 la entrada en vigor del nuevo factor de sostenibilidad del sistema que se iba a poner en marcha en enero del 2019 y que implicaba un recorte de las nuevas prestaciones. Beneficio mutuo Son decisiones de enorme calado. Hasta ahora, pese a las manifestaciones multitudinarias en las calles y la presión de la oposición, el Gobierno argumentaba que referenciar las pensiones al IPC implicaría un gasto de más de 1.600 millones de euros, una suma imposible de encajar. Aún queda conocer de dónde saldrá ese dinero, pero nadie se atrevió a poner ayer un pero al pacto.

La subida beneficiaría a alrededor de los 3 millones de pensionistas que no estaban contemplados en los presupuestos, según los datos de la presentación de las cuentas del Estado. La subida general del 1,6 % mejorará también las pensiones de 2,4 millones de personas a los que los presupuestos asignan incrementos del 1,5 % (para pensiones de hasta 700 euros mensuales) y del 1 % (para pensiones de 700 a 860 euros).