La Guardia Civil detiene a La Manada de Murcia

R. H. / A. N. | MURCIA / MADRID

La Guardia Civil detuvo ayer a los tres presuntos autores de la violación en grupo de una joven en la pedanía murciana de Beniaján. Los tres detenidos, de 48, 43 y 28 años y nacionalidad española, son, al parecer, conocidos de la víctima, que tiene unos 20 años.

Según fuentes de la investigación, la joven, que denunció los hechos el 28 de abril, explicó que se había se encontrado con los tres hombres, a los que conocía, y aceptó unas drogas que estos le proporcionaron pensando que se trataba de un ansiolítico. El supuesto fármaco lo combinó con bebidas alcohólicas en un descampado en la zona de El Bojal.

Ese cótel sumió a la joven en un «estado de abstracción en el que no era capaz de gobernar su voluntad», según la Guardia Civil. Un estado que supuestamente fue aprovechado para agredirla sexualmente. Más tarde fue trasladada a la casa de uno de los hombres, donde nuevamente tomó más comprimidos y donde prosiguió la supuesta violación grupal. A la mañana siguiente, la joven acudió al hospital Virgen de La Arrixaca donde fue examinada y se confirmó la existencia de lesiones compatibles con una violación, por lo que interpuso una denuncia. Ayer, una vez identificados, los tres presunto autores fueron detenidos. Durante su interrogatorio, aseguraron que la víctima es prostituta.

Cuatro, ninguna más

La comisión de expertos que estudiará la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal, a raiz de la sentencia de La Manada, finalmente contará con la participación de sólo cuatro expertas, después de que una de las candidatas propuestas por el ministerio de Justicia presentase su renuncia. De esta manera, la comisión, que tiene previsto reunirse hoy por primera vez, estará compuesta por 19 hombres y cuatro mujeres.

En la comisión que abordará la reforma penal tras las protestas por la sentencia contra La Manada, que en principio iba a estar integrada por 20 hombres, participarán la presidenta del Consejo General de la Abogacía Victoria Ortega, la letrada de las Cortes y antigua exdelegada para la Violencia de Género Blanca Hernández, la catedrática de Derecho Penal de la Universidad San Pablo CEU, Avelina Alonso de Escamilla y la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Carmen Lamarca. El departamento dirigido por Rafael Catalá también había ofrecido formar parte de la comisión a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Mirentxu Corcoy. Sin embargo, esta experta rechazó ser una de las vocales en una comisión que denuncia que no es paritaria. Corcoy es una de las 25 catedráticas que pidieron la dimisión del presidente y a los vocales de esta comisión, porque consideran que el modo en que han sido seleccionados «permanece en la más absoluta oscuridad». De esta manera, las firmantes reclaman al ministerio de Justicia que se vuelva a formar esta comisión según los principios de «transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género».

El escándalo por la difusión de los datos personales de la joven madrileña que fue víctima de la manda ha llegado hasta el órgano de gobierno de los jueces. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantuvo ayer una reunión extraordinaria en la que acordó abrir diligencias informativas para determinar si se ha producido una vulneración de la normativa, en materia de protección de datos de carácter personal, en la sentencia de La Manada que fue dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.

El CGPJ acordó abrir esta investigación al tener conocimiento a través de los medios de comunicación de la filtración de los datos personales de la víctima de La Manada. En concreto, lo que preocupa a los responsables del CGPJ es cómo se ha podido difundir el llamado ‘código seguro de verificación’.