Treinta detenidos por desviar subvenciones al proyecto soberanista
La policía practica 20 registros para averiguar el destino de ayudas para la cooperación internacional.
Varios policías en la entrada de la sede de la Diputación de Barcelona, en la calle Londres. TONI ALBIR
efe | barcelona
La Policía Nacional detuvo ayer a 30 personas y ha practicado una veintena de registros, en una macrooperación ordenada por el juez que investiga un desvío de más de dos millones en subvenciones para cooperación internacional de la Diputación de Barcelona, durante la primera etapa de CiU.
Según fuentes cercanas al caso, la operación, dirigida por el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha acarreado la detención de Salvador Esteve, que presidió la Diputación de Barcelona entre los años 2011 y 2015, precisamente la etapa que está bajo sospecha por presunto fraude en la concesión de ayudas públicas.
Entre la treintena de detenidos en la macrooperación, que ha movilizado a unos 500 policías nacionales, figura además el subdirector general de Cooperación Local del Departamento de Gobernación Jordi Castells, a quien el juez atribuye un papel clave en el presunto fraude mientras dirigió el área de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y sospecha que presionó a funcionarios para que emitieran informes favorables a la concesión de las subvenciones investigadas. Otro de los principales detenidos es Víctor Terradellas, fundador y directivo de las asociaciones CATmon e Igman, dos de las principales entidades que percibieron las ayudas bajo sospecha y de las que es socio fundador Francesc Dalmases, diputado de JxCat en el Parlament.
El juez inició su investigación a raíz de una denuncia anónima mecanografiada que se remitió a los juzgados de Barcelona poco después de que CiU asumiera por primera vez la presidencia de la Diputación de Barcelona, en 2011, y que alertaba de un presunto fraude en la concesión de subvenciones procedentes de los fondos para cooperación internacional y desarrollo de la corporación.
La investigación, que ha llevado a cabo en los últimos dos años la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, destapó una presunta trama que desvió al menos dos millones de euros de subvenciones a entidades y empresas que utilizaban presuntamente facturación falsa para ocultar que los fondos no eran destinados a ningún proyecto de cooperación.