La Fiscalía pide procesar a Camps por la Fórmula 1
Sostiene que el expresidente de Valencia negoció con Ecclestone al margen de la legalidad.
El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. KAI FOERSTERLING
a. rallo | valencia
La Fórmula 1 desembarcó en Valencia en 2008. Seis años más tarde, una querella de la Fiscalía Anticorrupción ponía en cuestión la negociación del evento con Ecclestone, la gestión de los Grandes Premios e incluso la compra de la empresa Valmor, la organizadora de las carreras. Francisco Camps aparecía como principal responsable de un proyecto, el de la F-1, trufado de irregularidades. Ahora, el fiscal acaba de solicitar el procesamiento del expresidente por los delitos de malversación y prevaricación.
El Ministerio Público considera que la investigación de esta primera pieza -faltan los contratos de Circuito Motor y la compra de Valmor por el Consell- está agotada y dispone ya de indicios suficientes para acusarle por la negociación con Bernie Ecclestone, un proceso dirigido por él de manera personal y al que luego se vistió de legalidad a través de la empresa Valmor, al tiempo que la administración autonómica asumía el coste real del evento.
En cambio, tras las diligencias judiciales, el fiscal descarta la participación en la trama de los otros investigados. Destaca especialmente la petición de archivo del otro miembro del Gobierno investigado, la exconsellera Lola Johnson. A idéntica conclusión llega para el expiloto Jorge Martínez Aspar, así como para la persona de contacto de la Generalitat con el magnate Bernie Ecclestone, la asesora y traductora de Camps, Belén Reyero.
Ahora será la juez la que deba resolver al respecto. Resulta una incógnita el papel que adoptará la acusación popular, ejercida por el PSPV, ante estas peticiones y si tratará de mantener abierto el procedimiento para el resto de investigados.
Anticorrupción ha elaborado un detallado relato incriminatorio contra el expresidente. En abril de 2006, Camps llegó a un acuerdo verbal con Ecclestone «al margen de cualquier procedimiento administrativo y sin ser él un órgano de contratación». De hecho, los terrenos del trazado pertenecen a la Autoridad Portuaria y al Consorcio 2007. Tras varias reuniones, el millonario británico le envió a Camps -a través de Belén Reyero- el «último borrador del contrato».
El fiscal sostiene que fue el expresidente quien decidió que el evento se celebrara en Valencia «por el beneficio electoral que le generaría en las elecciones autonómicas de 2007». Las carreras se presentaron diez días antes de los comicios. A continuación, según la tesis de la Fiscalía, Camps hizo montar una sociedad con la que organizar la prueba automovilística, mientras se comprometió a que la Generalitat asumiría las pérdidas, tal y como ocurrió.