La Fiscalía propone investigar el uso del móvil en caso de accidente
Se busca acusar con hasta cuatro años de cárcel por imprudencia grave.
El coordinador de la unidad de Seguridad Vial, Vargas. E. NARANJO
DOMÉNICO CHIAPPE | madrid
Esclarecer si el uso del móvil ha sido un factor determinante en un siniestro vial es la más reciente recomendación del fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, a las policías de tráfico encargadas de la investigación. Esta es una de las medidas anunciadas unos días antes del gran peregrinaje de agosto, frente al «alarmante» aumento de la siniestralidad vial, que cerró 2017 con 1.830 personas fallecidas, 20 más que el anterior.
En caso de que el conductor estuviera utilizando el teléfono incurriría en imprudencia grave, lo que aumentaría su responsabilidad penal hasta los cuatro años de prisión, en caso de provocar una muerte, y hasta tres años, si hay lesiones. «La utilización del móvil mientras se conduce es una causa principal de siniestralidad y condena a la muerte», dijo Vargas, al presentar los datos que evidencian el repunte de accidentes en los dos últimos años. «Hay que investigar el uso del móvil, y así ver si se trata de imprudencia grave».
Vargas admite que no se ha propuesto una reforma del Código Penal para aumentar las sanciones cuando la causa de un accidente es la utilización de tecnología porque «la norma está» y «el que lo ha usado debe saber que tendrá entre uno y cuatro años de prisión».
También es consciente de la dificultad de aplicar esta «indicación» por parte de la Policía o la Guardia Civil a la hora de inspeccionar el lugar del suceso. «Se encuentra en estudio jurídico el límite de esa investigación, que sería siempre dentro de los márgenes legales», debido a los datos personales e íntimos que pueden estar almacenados en el dispositivo.
Además, «la posibilidad de investigar las llamadas previas al accidente, con informes detallados sobre su frecuencia y duración en el decurso completo del desplazamiento en el que se ha originado el accidente», podría complicar la resolución de estos casos, que en un 50% son sentenciados en juzgados de guardia «casi de inmediato». Con seguridad se requeriría una orden judicial y la cooperación de la empresa telefónica, de mensajería o de red social, además de dirimir si ese uso se hizo, en el caso de las llamadas, con el manos libres o no. «Pero hay muchas más formas de investigar, interrogando a los testigos y con la inspección ocular», señala Vargas, que extiende su reproche a la utilización del manos libres y del navegador.