Interior ‘monitoriza’ a 19 presos de ETA candidatos al acercamiento

Melchor Sáiz-Pardo | MADRID

El Gobierno todavía no ha cerrado la hoja de ruta para el anunciado acercamiento de presos de ETA, según insistieron hoy altos responsables del Ejecutivo. Pero el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, confirmaron estas mismas fuentes, monitoriza como candidatos a posibles traslados a cárceles del País Vasco o Navarra a 19 internos de la disuelta organización terrorista. Todos ya se encuentran en segundo grado penitenciario, pero todavía no están en centros de esas dos comunidades, en los que ya cumplen condena en la actualidad once reclusos de ETA, nueve en segundo y dos en tercer grado. El número de ‘trasladables’, no obstante, insistieron desde el Ministerio del Interior, no está decidido, y en cualquier caso, será siempre menor a esa veintena de reclusos a los que se observa de cerca.

Según los documentos que maneja el Ejecutivo, estos presos, que ya han aceptado la disciplina carcelaria pero que todavía no han mostrado un arrepentimiento completo ni han dado pasos por saldar sus cuentas con la justicia, se encuentran en prisiones del centro o norte peninsular. Los informes revelan que se trata de internos que en los últimos meses han estado recluidos en los penales de Asturias, Zuera (Zaragoza), Burgos, Alcalá de Henares (Madrid), Castellón, Palencia, Logroño, Aranjuez (Madrid), Soria, Teruel y Valladolid. En la actualidad, de acuerdo con los informes de Interior de finales de julio, en la cárcel de Álava hay cuatro internos (todos en segundo grado), otros cuatro en la cárcel de Vizcaya (dos en segundo grado y los dos únicos miembros de ETA en tercer grado, Olga Sanz y Javier Moreno y que fueron acercados a Basauri este mes), dos en el centro de Guipúzcoa (también en segundo grado) y uno en Navarra (igualmente en segundo grado).

La mayoría de los 19 presos de ETA que son ‘monitorizados’ para su posible acercamiento, explicaron responsables de prisiones, fueron clasificados en segundo grado por la anterior administración penitenciaria del PP.

«Segundo nivel»

Los responsables de tratamiento de Instituciones Penitenciarias manejan otro listado de una decena de presos de «segundo nivel» (no responsables terroristas) «gravemente enfermos» y de tres internos de más de 70 años como posibles candidatos a los acercamientos, como avanzó en su día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque en Interior insisten en que entre ellos no habrá jefes de ETA a pesar de que estén enfermos.

La colonia de aspirantes al acercamiento que maneja Interior, por tanto, no superaría la treintena de reclusos, o sea apenas el 12% del total de los presos de ETA. Pero en cualquier caso, apuntaron desde Interior, el número de acercamientos no se va a llegar «ni de cerca» a la cifra de presos monitorizados. Según reveló ayer Grande-Marlaska en su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, a fecha del 22 de agosto, la colonia penitenciaria de la banda ascendía a 233 presos, 205 hombres y 28 mujeres. La gran mayoría está en primer grado, 203. Sólo hay 28 en segundo grado y dos (los acercados a Vizcaya en agosto), en tercer grado, o sea en régimen abierto. «Claro que habrá traslados de presos de ETA pero se harán con criterios de legalidad», garantizó el ministro, que precisó que no serán movimientos masivos, sino en cumplimiento «estricto de la legalidad».

Cualquier acercamiento, dijo, pasará por el «tratamiento individualizado», en el que los internos deben aceptar «la legalidad penitenciaria». La fórmula, explicó, pasará por la «progresión de grado» para su acercamiento «incluso a centros del País Vasco y Navarra». Pero siempre que cumplan con las «exigencias legales» para el tercer grado que fija el Código Penal. O sea, detalló, la petición del perdón, colaboración con la justicia y el pago de la responsabilidad civil.

CON EL CENSO DEL PP

El titular de Interior aseguró que su departamento tendrá en cuenta el censo que en febrero encargó el entonces ministro, Juan Ignacio Zoido, y en el que Instituciones Penitenciarias se interesaba, entre otras cuestiones, por los internos que hubieran pedido destinos ocupacionales en los centros, lo que hubieran solicitado la participación en programas de tratamiento y actividades carcelarias, y aquellos que hubieran mostrado «cualquier otro indicio indicativo de aceptación de las vías legales facilitadoras de su reinserción».

«Los traslados no son beneficios penitenciarios», quiso dejar claro el ministro. En ese punto, Grande-Marlaska arremetió contra el PP, al que acusó de «inyectar odio» a las víctimas con «falacias» sobre los acercamientos. «¿Cuántos traslados se han producido?» le preguntó a los diputados del PP.

«La ley no les obliga a trasladar presos al País Vasco. Es legal, pero no obligatorio. No era una prioridad», replicó Mari Mar Blanco, quien acusó a Grande-Marlaska de satisfacer un «pago a los nacionalistas» con los acercamientos.

«El PP fue el primero de usar la política antiterrorista en un arma arrojadiza. Y ahora está convirtiendo la política penitenciaria en otra arma arrojadiza, seguido de Ciudadanos», denunció por su parte el diputado del PNV Mikel Legarda, quien recordó al ministro que los acercamientos no son beneficios penitenciarios ni privilegios. «ETA ha desaparecido y no va volver», apuntó el nacionalista. «No estamos hablando de progresar en el grado ni de beneficios penitenciarios, estamos hablando de un derecho», abundó Legarda. En términos muy similares se ha expresado Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu. «¿Para cuándo hechos que acompañen las declaraciones que se vienen realizando? preguntó al ministro, al tiempo que subrayó que los acercamientos no tienen nada que ver con el tratamiento penitenciario ni con el comportamiento individual de los reclusos, sino que solo son cumplimiento de la ley.