El Gobierno señala el camino para que la Abogacía no acuse de rebelión

El Ejecutivo ha puesto en marcha una estrategia para ablandar a las fuerzas independentistas de cara a la negociación presupuestaria. Consiste en hacer ver que no comparte que pueda existir delito de rebelión en el caso del proceso secesionista. Pedro Sánchez, lo dejó caer el miércoles al final del debate parlamentario en el que el líder del PP le acusó de ser partícipe de un golpe de Estado y la vicepresidenta, Carmen Calvo, lo volvió a hacer ayer.

El presidente del Gobierno aplaudió al portavoz del PNV, Aitor Esteban, después de que éste calificara de «frivolidad» que se califique de«rebelión» o «sedición» la actuación de, entre otros, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Calvo apeló a la decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que en julio denegó la extradición de Carles Puigdemont por el primero de esos delitos, como prueba de que su comisión requiere el uso de «instrumentos de fuerza que en cualquier legislación, están conectados con las armas».

Las intervenciones de uno y otra fueron suficientemente claras como para hacerse una idea de lo que dirá el escrito de acusación que presentará la Abogacía del Estado el 2 de noviembre antes del juicio oral. Esquerra lleva semanas advirtiendo de que si el Ejecutivo no da orden a la Fiscalía de que retire las acusaciones de rebelión no se sentará siquiera a hablar de las cuentas públicas. Y el Gobierno replica que no está en su mano dar órdenes a un órgano que es autónomo. Pero la Abogacía es otra cuestión.