Pedro Sánchez busca aliados en el Congreso para limitar los aforamientos
Iniciará una ronda de contactos para sacar adelante su reforma constitucional, que prevé lista en un año .
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, busca aliados para su pretensión de limitar los aforamientos. J. J. GUILLÉN
M. E. Alonso | madrid
El Gobierno aprobó su anteproyecto de reforma de la Constitución para limitar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo a las funciones estrictas de su cargo. La propuesta salió del Consejo de Ministros hacia el Consejo del Poder Judicial, que tendrá que emitir su dictamen en un mes, y a partir de ahí arrancará su tramitación parlamentaria. Pedro Sánchez prometió en septiembre que la reforma de la Carta Magna, que afecta exclusivamente a los artículos 71.3 y el 102.1, se realizaría de forma rápida y estaría lista en sesenta días, aunque ahora el Gobierno ha ampliado ese plazo a un año. Y es que el mecanismo para modificar el texto constitucional es complejo y requiere de una mayoría de tres quintos en el Congreso.
Pero en la Moncloa no cuentan por ahora con ningún aliado político en las Cortes. Por eso, el presidente iniciará ahora una ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios para intentar recabar los respaldos necesarios. El socio imprescindible es el PP, que con su mayoría absoluta en el Senado puede frenar cualquier modificación de la Carta Magna. La formación de Pablo Casado teme, por contra, el alcance de esta iniciativa si Podemos cumple con su amenaza y pide un referéndum.
El partido de Pablo Iglesias defiende que cualquier cambio constitucional tiene que ser sometido a referéndum. Podemos tiene los diputados suficientes para promover ese tipo de consultas populares (se requiere 35 y cuentan con 67 escaños). La vicepresidenta Carmen Calvo aseguró que «no podemos decirle a ningún grupo que pueda tener la fuerza» que no lo haga.
La propuesta tampoco cuenta con el apoyo de Ciudadanos. «Es una estafa a la ilusión de los españoles», denunció su líder Albert Rivera, que cargó contra Sánchez porque en vez de suprimirlos « lo que hace es blindarlos y, sobre todo, los casos de corrupción política».
Por otra parte, el Gobierno dio ayer su consentimiento a la petición del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, instructor del ‘caso Tándem’, la causa que investiga las actividades parapoliciales del excomisario preso José Manuel Villarejo, para acceder a información reservada de gastos secretos en el Ministerio del Interior. El objetivo es aclarar los pormenores de la llamada ‘operación Kitchen’, un plan policial secreto ejecutado en 2013, durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, para intervenir documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la ‘caja B’ y que podrían involucrar a altos cargos del partido. El anuncio fue realizado este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo recibió la solicitud por parte del Consejo General del Poder Judicial para que se procediera al levantamiento de documentación reservada y se siga investigando la pieza separada del ‘caso Tándem’ en el Juzgado Central de Instrucción número seis. La autorización se rubricará «seguramente» en el Consejo de Ministros» de la semana que viene.
La desclasificación de este material será sólo para conocimiento de la Fiscalía y de De Egea, el juez que envió a prisión preventiva hace un año a Villarejo, a quien se señala como urdidor del plan en la que se captó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. El juez pretende levantar el velo para que cualquier individuo que tenga información, sea investigado o testigo, pueda exponerla.