El Supremo juzgará a 12 líderes del ‘procés’ y envía a Cataluña a otros seis

ramón gorriarán | madrid

Al final no serán 18 los ocupantes del banquillo de los acusados en el juicio por la causa del ‘procés’. El Tribunal Supremo decidió ayer que sean los 12 líderes principales y los seis restantes serán enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Sala de lo Penal acordó por unanimidad declararse competente para juzgar a los acusados y desestimó los recursos para que fueran juzgados en Cataluña. Los acusados arguyeron que los hechos que van a ser juzgados se cometieron en ese territorio. Un planteamiento ante el que el fiscal argumentó en la vista celebrada el 18 de diciembre que los hechos que se van a juzgar supusieron «un atentado grave al interés general de España», amén de la internacionalización del proceso. Criterio que el tribunal ha hecho suyo.

Cumplimentado este trámite, contra el que no cabe recurso, las defensas tienen diez días para presentar sus escritos provisionales. La Sala a continuación resolverá si admite las pruebas solicitadas por acusados y acusadores, y fijará la fecha de apertura del juicio. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció hace tres días que el proceso empezará el 22 de enero. No se sabe si fue una indiscreción a partir de una información cualificada o una fecha dicha a voleo.

Ese día u otro cercano, la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, enjuiciará a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila por delitos que van de la rebelión y la sedición a la malversación y desobediencia. En cambio, cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, y la dirigente de la CUP Mireia Boya, serán procesados en el Tribunal Superior de Cataluña solo por desobediencia.

El Supremo sustenta esta decisión en razones «operativas» y de «agilidad», no por motivos competenciales. Señala en resolución que «la previsible duración» del proceso, la «continuada presencia» de los acusados en las sesiones del juicio oral y el «obligado desplazamiento» desde sus domicilios para responder por un delito de desobediencia aconsejan que sean juzgados en Barcelona.

Este desgajamiento fue obviado por el instructor de la causa, Pablo Llarena, que mantuvo a todos los acusados en la misma pieza. El Supremo lo hace para que el juicio, que se prevé largo, sea «más ágil y sin dilaciones». No es lo mismo un proceso con 18 acusados en el banquillo y sus respectivas defensas, que con doce encausados.

De los que serán juzgados por el Supremo, nueve están en prisión provisional acusados de rebelión, sedición y malversación; mientras que Vila, Mundó y Borràs están en libertad acusados solo de malversación y desobediencia.

El tribunal no ha entrado a valorar las denuncias de los acusados por vulneración de derechos fundamentales y deja la resolución de las mismas para el inicio del juicio oral. No obstante, pone en duda que «la distancia del domicilio familiar» de la sede del proceso, así como «la imposibilidad de utilizar su lengua materna» puedan ser alegadas como causas para discutir la competencia del tribunal.