El prior del Valle de los Caídos veta la exhumación de Franco

ander azpiroz | madrid

Al Gobierno le ha surgido la enésima traba para cumplir su compromiso de exhumar a Francisco Franco. El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha comunicado por escrito al Ejecutivo que no permitirá el acceso de los operarios a la basílica donde está la tumba del dictador. El monje benedictino argumenta que no existe un acuerdo con la familia Franco para el traslado de los restos. Pero desde el Gobierno no se da crédito alguno a esta justificación, que se tacha de mera excusa. Fuentes de Moncloa señalaron ayer que se daba por hecho que el prior pondría obstáculos a la exhumación. ¿La razón? Que antes de entrar a formar parte de la orden benedictina, la encargada de cuidar el mausoleo franquista, Cantera fue candidato a las elecciones generales de 1993 y a los comicios europeos de 1994 por Falange Española Independiente. «Sus antecedentes ideológicos son conocidos públicamente», señalan las fuentes gubernamentales.

«El prior -se añade- se ha negado en distintas ocasiones a seguir las indicaciones dadas por las autoridades eclesiásticas españolas, según le consta al Gobierno. La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la iglesia española avala en su conjunto la negativa de este antiguo candidato falangista, hoy superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y, con ella, la negativa de la propia familia Franco».

Cantera ya ha puesto pegas en el pasado a exhumaciones en el mausoleo. En concreto a las de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, fusilados durante la Guerra Civil por el bando nacional y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza). Sus restos fueron después trasladados a una de las criptas del Valle de los Caídos sin el consentimiento de la familia. En este caso, Cantera desoyó una sentencia judicial y negó el permiso a los operarios la entrada en la basílica, como también se propone hacer en el caso de Franco. El propio presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se vio obligado a intervenir. «No puede negarse a exhumar los restos», dijo.

Precisamente es a los superiores eclesiásticos del prior a quien se propone acudir ahora el Gobierno, que mantiene que seguirá adelante con la exhumación del dictador «respetando cada una de las garantías a las que tiene derecho la familia Franco por ley». Un camino repleto de obstáculos Pedro Sánchez informó de su intención de trasladar los restos a Franco a finales de junio. Entonces dijo que el proceso podría llevarse a cabo antes de las vacaciones de agosto, pero desde aquel anuncio no han parado de surgir obstáculos.

El principal escollo es la oposición de los nietos del dictador, que han anunciado que darán la batalla legal hasta el último minuto. Y si finalmente se produce la exhumación, que a nivel judicial dependerá de si el Tribunal Supremo acepta el recurso contencioso administrativo presentado en contra , la familia tiene intención de trasladar a Franco a la catedral de la Almudena. Esta es una posibilidad que el Ejecutivo rechaza de plano ante el riesgo de que la nueva tumba se convierta en un lugar de apología del franquismo en pleno centro de Madrid.