La Junta Electoral prorroga 24 horas el ultimátum a Torra para que retire los lazos
Desestima su recurso y si ignora la resolución se arriesga a ser inhabilitado para ejercer cargo público.
r. gorriarán | madrid
Quim Torra tiene 24 horas para ordenar la retirada de banderas independentistas y lazos amarillos de los edificios de la administración catalana. La Junta Electoral Central desestimó ayer su recurso contra la orden del pasado 11 de marzo de quitar en 48 horas la simbología soberanista del Palau de la Generalitat y de las consejerías. Si el presidente catalán ignora la resolución se arriesga a una pena de inhabilitación para ejercer un cargo público por un delito de desobediencia, además del pago de multas de 300 a 3.000 euros.
Desde el Palau en la plaza de Sant Jaume hasta la última dependencia de la administración catalana tienen algún símbolo que delata la fe en la independencia de sus responsables o de los empleados públicos que allí trabajan. Algunos edificios tienen pancartas en sus fachadas, y en casi todos hay esteladas o fotos de los líderes en prisión y lazos amarillos en solidaridad con los encarcelados. Para hoy a las cinco de la tarde no debe quedar ni rastro. Así lo dispuso ayer la Junta Electoral Central, que tras reunirse en el Congreso, acordó a esa misma hora prorrogar un día más el ultimátum que ya planteó hace una semana.
En aquella ocasión, el presidente de la Generalitat incumplió la orden y presentó alegaciones contra la decisión. De esa manera ganó tiempo hasta la reunión de hoy de la Junta Electoral, pero ahora ya no cabe recurso ante esa instancia, aunque sí podría hacerlo ante el Supremo.
El órgano de arbitraje desestimó el recurso presentado por Torra y argumentó que las banderas secesionistas «simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana», la que se declara independentistas, «pero no de toda ella». Es, añadió, un símbolo «legítimo» que las fuerzas secesionistas pueden emplear en su propaganda electoral, pero «no lo pueden hacer los poderes públicos», que deben mantener «una rigurosa neutralidad política».
El principio democrático, alegado por Torra para defender la presencia de pancartas, lazos y banderas, «no puede desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución», que establece que «toda decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución» sin que haya margen para «ámbitos de impunidad».
Los magistrados y catedráticos que componen el órgano de arbitraje desestimaron asimismo las dificultades legales aducidas por Torra para cumplir el requerimiento. Tampoco tomaron en consideración las apelaciones a la libertad de expresión de los funcionarios.