«El fin de la pobreza es una decisión política»
m. rabanillo | león
Por un mundo más justo busca construir una sociedad en la que todos los colectivos sean tratados por igual a todos los niveles: educación, sanidad, fiscalidad, legalidad. «Nuestro partido cree que el fin de la pobreza en el mundo es una decisión política». Defienden que los cuatro pilares de un estado de bienestar son la sanidad pública, la educación pública, las pensiones y los servicios sociales. «La sanidad debe ser universal y gratuita y prestar atención especial a aquellos colectivos con más problemas para acceder a los servicios sanitarios, como personas con discapacidad, con enfermedades raras y crónicas y problemas de salud mental, etcétera», afirma la candidata al Senado, que también defiende una educación «de calidad, inclusiva y gratuita, sin adoctrinamientos ni imposiciones ideológicas por parte de los poderes públicos». Ortiz plantea reducir las tasas de abandono escolar y «facilitar la incorporación al sistema educativo de aquellas personas que lo han abandonado». Respecto a los servicios sociales, es consciente de que no sólo cubren necesidades económicas, si no también «necesidades de tipo psicológico, apoyo educativo, mediación familiar...», pero considera que las personas con necesidades materiales ncecesitan sobre todo «que les ayuden a optenciar su autorrealización para que puedan encontrar un trabajo estable, integrarse en la sociedad y volver a recuperar la confianza en sí mismos». «La ayuda económica inicial es importante pero no puede ser continua», añade.
Contra la despoblación, Ortiz propone que se favorezcan flujos de migración bien controlados. «Es muy llamativo que tengamos pueblos sin personas y personas buscando un pueblo donde vivir», asegura. Respecto a la transición energética estima que esencial para cuidar el planeta y abastecer a la población «pero debe ir acompañada de ayudas sociales y un plan global para reincorporar al trabajo a las personas afectadas por los cambios».
En materia económica, destaca la equiparación de impuestos que soportan las empresas españolas respecto a otros países e incrementar las cargas fiscales a sociedades de inversión. También proponen intensificar la lucha contra el fraude fiscal. Otra de las medidas es promover la I+D y una distribución salarial más equitativa.