Las defensas pasan al ataque

Han hecho falta 35 sesiones en el Tribunal Supremo, el paso de más de 250 testigos y varios cientos de horas de declaraciones para que el juicio del procés afronte una nueva etapa. Hasta ahora, los comparecientes lo eran a petición de las acusaciones; desde este miércoles, comienzan a desfilar frente al juez Manuel Marchena los propuestos por las defensas.

De momento han pasado por la sala de juicios los testigos de la fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la acción popular, ejercida por Vox. De entrada, la fiscalía ha visto colmadas sus expectativas y continúa manteniendo que se produjo el alzamiento violento que concurre en el delito de rebelión y que, a su entender, se declaró la independencia el 27 de octubre del 2017, en contra del argumento de las defensas de los acusados de que se trató de un acto simbólico.

Las acusaciones sustentan la eventual violencia, sobre todo, en las declaraciones que han realizado ante el tribunal los guardias civiles y policías nacionales que intervinieron durante la jornada de votación del 1-O. Han relatado un ambiente de resistencia activa, de insultos e, incluso, de agresiones. Y también en los testimonios ofrecidos por miembros de la comitiva judicial, entre ellos la secretaria del juzgado, que no podían salir de la Conselleria d'Economia el 20 de septiembre por la gran concentración de protesta que se convocó.

DESAFÍO AL ESTADO

También han intentado dejar claro que los hechos de octubre del 2017 supusieron un auténtico desafío al Estado. Uno de los últimos testigos a los que llamaron las acusaciones, el exdirector de los Mossos Albert Batlle, pareció apuntalar este miércoles esa versión cuando dijo que uno de los motivos de su dimisión en julio del 2017- fue su incomodidad por la deriva independentista.

Por otra parte, la fiscalía y el resto de acusaciones entienden que los testigos también han reforzado la existencia del delito de malversación de fondos públicos. En su opinión, las facturas emitidas (como las que giró Unipost a la Generalitat por la distribución de material para el 1-O o las de otros empresarios que hicieron labores vinculadas al referéndum) suponen de entrada un compromiso de pago, aunque en realidad las empresas no llegaran a cobrar.

A falta de que algunas declaraciones que se aplazaron por diversos motivos como la del exdiputado Lluís Llach o diversos observadores internacionales del 1-O- se sustancien en los próximos días, el nuevo tono llegó a la sala con el eurodiputado de ERC Jordi Solé, el primer testigo de las defensas que no había sido propuesto también por alguna acusación. Lo que en palabras de los guardias civiles eran miradas de odio y agresiones durante los registros del 20 de septiembre, se convirtió a ojos de Solé en algún empujón puntual mezclado con cánticos y gritos de protesta.

Es de esperar que la tónica siga en los próximos días, porque la lista de comparecientes incluye los testimonios que interesan a los acusados. Además de restar trascendencia al referéndum y a la declaración de independencia, las defensas han intentado hasta ahora subrayar la brutalidad con la que se emplearon la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1-O.

El azar quiso que el cambio de tercio coincidiera con la noticia de que, a pocos metros del Supremo, la Audiencia Nacional absolvía a Sandro Rosell. El asunto se convirtió en tema de conversación en los corrillos, y fue inevitable que se hicieran comparaciones entre los casi dos años de prisión preventiva del expresidente del Barça y el tiempo que los acusados del procés llevan entre rejas. Fuiste el primer preso de las cloacas del Estado contra Cataluña. Vergüenza!, escribió por ejemplo en las redes sociales Jordi Sànchez.