Puigdemont pedirá a Bruselas que tome medidas contra España
El expresidente catalán Carles Puigdemont anunció ayer que prepara una campaña de recogida de firmas en la Unión Europea para tratar de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la situación en Cataluña y tome medidas contra España por supuesta vulneración del Estado de derecho, a pesar de que hasta ahora Bruselas siempre ha expresado su confianza en la democracia española.
El primer paso para poner en marcha esta campaña es pedir al Ejecutivo comunitario que registre una Iniciativa Europea Ciudadana para pedir la aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE contra España, lo que obligará a Bruselas a responder en el plazo de dos meses si acepta o no el registro de la campaña.
Puigdemont aseguró que esta medida «no es una estrategia de defensa» en el marco del proceso judicial abierto contra los líderes del desafío secesionista, sino un modo de «interpelar» al conjunto de la ciudadanía europea.
Además aseguró que si Bruselas no admite el registro administrativo de la iniciativa acudirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
Según las reglas comunitarias, en esta primera fase, el Ejecutivo comunitario debe aceptar el registro de una iniciativa si constata que no está fuera del ámbito de sus competencias y si «no es manifiestamente abusiva, frívola o temeraria», ni contraviene los principios y valores de la UE, lo que no implica que acepte la cuestión de fondo que se plantea.
Si Bruselas acepta el registro, Puigdemont tendrá entonces doce meses para obtener el millón de firmas exigidas, alcanzando los mínimos establecidos en al menos siete Estados miembros.
Cumplido este proceso, los promotores de la Iniciativa Europea Ciudadana -la Asamblea Nacional Catalana y el Consejo de la República- tendrán que informar a la Comisión del resultado, con datos de los apoyos y de la financiación que hayan recibido.
La etapa final fija un plazo máximo de tres meses para que la Iniciativa, en caso de cumplir todos los requisitos de registro, sea expuesta en detalle ante el Ejecutivo comunitario y en una audiencia pública en el Parlamento Europeo. La Comisión no está obligada a proponer medidas concretas como conclusión, pero sí a dar una respuesta motivada tras su análisis.