El Congreso suspende a los diputados presos y contempla rebajar la mayoría absoluta

Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull están ya suspendidos de todos sus derechos y obligaciones como diputados. El órgano de gobierno del Congreso decidió ayer dar el paso, con el único voto en contra de Podemos, después de recibir un informe en el que los servicios jurídicos de la Cámara se mostraron partidarios de actuar «por imperativo legal» no en aplicación del artículo 21 del Reglamento —al que apelaron tanto el presidente del tribunal del ‘procés’, Manuel Marchena, en su auto del pasado 14 de julio, como el PP, Ciudadanos y Vox en sendos escritos a la Mesa— sino del 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El alcance que esta decisión tendrá sobre cuestiones políticas de tanto calado como la propia investidura del presidente del Gobierno está por ver, pero sin duda será relevante. Los diputados suspendidos no podrán ser sustituidos por sus formaciones a no ser que renuncien al escaño. En ese caso, su puesto será ocupado por el siguiente en la lista por la que se presentaron a las elecciones del pasado 28 de abril. Pero sólo el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha anticipado su intención de dejar el Congreso si mañana obtiene un puesto en el Parlamento Europeo. Los presos preventivos de Junts per Catalunya, en cambio, pretenden mantener el cargo aunque no puedan ejercerlo.

Si esa situación no varía, Pedro Sánchez podría prescindir por completo de los secesionistas para volver a ser designado jefe del Ejecutivo. Ni siquiera necesitaría su abstención. Le bastará el respaldo de 174 diputados para obtener la confianza de la Cámara.

El martes, la socialista Metixell Batet ya consiguió 175 votos a favor para convertirse en presidenta del Congreso: los 123 del PSOE, los 42 de Unidas Podemos y En Comú Podem, uno de Compromís, los seis del PNV, otro del Partido Regionalista de Cantabria y dos de Coalición Canaria (que, no obstante, no garantiza su ‘sí’ en la investidura).

El Reglamento del Congreso exige que el presidente del Gobierno logre mayoría absoluta a la primera o mayoría simple a la segunda. Pero tampoco hay que descartar que el secretario general del PSOE no tenga que esperar a la segunda votación para lograr su objetivo. Porque, además de suspender a los diputados presos, la Mesa solicitó a los letrados otro informe para determinar si la mayoría absoluta debe mantenerse en 176 diputados sobre los 350 que el pasado martes prometieron el cargo o habría que recalcularla y dejarla en dos menos. Y fuentes parlamentarias sostienen que se inclinan por rebajarla.

El escenario favorece pues, en la práctica, a los socialistas, a los que, en todo caso, la oposición siguió acusando ayer de haber intentado dilatar la decisión sobre los diputados secesionistas que están siendo juzgados en el Supremo por rebelión.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, tildó de «victoria evidente» de su partido la suspensión y el de Cs, José Manuel Villegas, acusó a Batet de haber hecho el «ridículo».

«Empieza muy mal, primero permitiendo que los separatista humillaran a la democracia hablando de presos políticos, cuando hizo dejación de funciones y agachó la cabeza, y luego —argumentó— hemos tenido que ver todo el sainete».

No era tan fácil

La presidenta de la Cámara justificó en cambio su decisión de pedir, primero, una aclaración al Tribunal Supremo sobre la situación procesal de Junqueras, Sànchez, Rull y Turull y luego un informe a los letrados en la necesidad de actuar con la «máxima seguridad jurídica» dado lo «delicado» de la decisión y la «complejidad del tema». El tribunal del ‘procés’ le replicó poco menos que con cajas destempladas, pero los servicios jurídicos del Parlamento vinieron a darle ayer la razón, porque no coincidieron con la afirmación general del PP, de Vox, de Cs y hasta del propio PSOE de que indudablemente había que aplicar en este caso el artículo 21 del Reglamento.

Ese precepto exige, a juicio de los letrados, que se haya concedido un suplicatorio y, en este caso, no ha sido así porque Marchena consideró que, puesto que el juicio ya estaba en marcha antes de la elección de los procesados, no era preciso solicitarlo. Los expertos del Congreso también creen que el juez debería haber comunicado que los diputados presos están afectados por el 384 bis de la Lecrim, pero han optado por considerar que lo hizo «implícitamente» en su último auto.