El Ayuntamiento espera a que el TSJ decida si entra Vox y suma con PP y Cs o gobierna Diez

Desde las 08.00 hasta las 10.10 horas, el Ayuntamiento de León había convocado el martes un pleno, una junta de portavoces y seis comisiones informativas. En el orden del día de todas ellas, el único punto fijado era la «lectura y aprobación del acta de la sesión anterior». Con poco más que ese formalismo, la administración municipal cumplía con el trámite de cierre del mandato. Pero no hubo lugar. La confirmación de los recursos contencioso electoral ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León contra la proclamación de electos presentados por el PP y Vox paralizó todo. Ahora, serán los jueces quienes resuelvan si al final entra la formación de ultraderecha, al validar el acta de la polémica mesa de las Pastorinas, lo que podría hacer alcalde al popular Antonio Silván con el apoyo adicional de Cs, o por el contrario se ratifica el criterio de la Junta Electoral Central, que validó los testimonios de la presidenta y las vocales que admitieron equivocarse en la transcripción de los resultados, y gobierna el socialista José Antonio Diez en minoría.

La pugna hace que, de manera oficial, la constitución del consistorio, que estaba prevista para ayer, se emplace para el 5 de julio. Aunque ni siquiera esta fecha queda marcada de manera fija. El periodo en funciones del Ayuntamiento de León podría irse hasta finales de julio. Con todas las partes afianzadas en apurar sus opciones en los juzgados, si el Tribunal Constitucional admite los recursos, el calendario fijado por la Junta Electoral Central marca que la resolución definitiva tiene plazo hasta el 20 de julio. Ante esta opción, siempre que el Alto Tribunal conceda de manera cautelar la paralización de la constitución del consistorio, la fecha se trasladaría para los últimos días del mes.

La indefinición hace que el Ayuntamiento de León se mantenga durante todo este tiempo dentro de una situación de interinidad, como establece el artículo 194 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), en el que se reseña que «una vez finalizado su mandato, los miembros de las corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores». Aunque, «en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada», como se recalca en el texto legislativo, al que se tiene que acoger el consistorio a la espera de que la justicia emita un veredicto definitivo que se espera dos meses después de las elecciones.