El CGPJ propone agilizar los procesos judiciales para colectivos vulnerables

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto una serie de medidas para agilizar los

procedimientos judiciales que afecten a los colectivos especialmente vulnerables tras el estado de alarma provocado por el coronavirus. Básicamente sus destinatarios son personas mayores, menores de edad, víctimas de violencia de género o de trata y personas con discapacidad, privadas de libertad, afectadas por desahucios o en situación de insolvencia. Su plan forma parte de los documentos previstos en las «Directrices para para la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma».

En ese documento de trabajo, se proponen medidas dirigidas a agilizar los procedimientos judiciales que afectan a estas personas y minimizar el impacto negativo que la situación de emergencia sanitaria está causando en estos colectivos.

El texto constituye el germen de uno de los cinco bloques de los que constará el plan de choque, según las directrices para su elaboración que fueron aprobadas el pasado 2 de abril por la Comisión Permanente, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

En el primero de los bloques se incluye tanto a las personas mayores —que están sufriendo las peores consecuencias de la pandemia, que ha provocado una situación crítica en las residencias de mayores— como a los menores de edad víctimas de la violencia de género, en situación de desamparo o infractores.

En cuanto a los primeros, se proponen una serie de medidas que tienden, en primer lugar, a conocer el estado de las personas respecto de las que se han adoptado medidas de apoyo adoptadas en sede judicial, haciendo uso de la facultad que el artículo 763.4 párrafo primero del Código Civil confiere a los jueces, lo que permitirá adoptar medidas complementarias, modificar las existentes o archivar los procedimientos en caso de fallecimiento.

Además, y con el fin de atenuar las consecuencias que las medidas de confinamiento producen en la salud de los mayores y de las personas con discapacidad, se propone que para resolver sobre la autorización de salida desde los centros residenciales a domicilio particular al cuidado de familiares se consideren criterios como que ni la persona ni nadie del entorno al que se traslada haya contraído el Covid-19, que haya compromiso de la familia para atender los cuidados, que conste el consentimiento de la persona afectada, si puede prestarlo, y que esta acepte -siempre que puede prestar consentimiento- las condiciones de reingreso.

En relación con los menores, se aconseja que, mientras no se consiga erradicar la pandemia, se evite la imposición de medidas de justicia juvenil grupales o se aplace su ejecución si no se ha iniciado su cumplimiento material. También se propone regularizar los periodos no disfrutados del régimen de visitas. En el caso de que se hubiera acordado realizarlas a través de los Puntos de Encuentro Familiar se sugiere dar continuidad al régimen de visitas sin efectos compensatorios, ya que la saturación de estos centros se agravaría de establecerse medidas compensatorias judiciales en contestación a la disminución de contactos familiares durante el periodo de confinamiento.