El Covid-19 y el miedo dificultan cubrir las bajas en residencias de mayores en León

Más de 2.000 personas, en su mayoría mujeres, atienden a las personas mayores en las 179 residencias que hay en la provincia. La Asociación Leonesa de Empresas de Residencias de la Tercera Edad (Alerte) señala que aproximadamente el 15% del personal está o ha estado de baja por motivos relacionados con el Covid-19 e «irá en aumento a medida que se hagan más test porque hay personas asintomáticas», afirma su secretario, José Ignacio Martínez Gutiérrez.

Esta cifra se eleva al 32% en el caso de la residencia pública de Armunia y supera el 50% e incluso cifras superiores en los centros más afectados por la pandemia (14 entre los que tienen mayor número de casos y una treintena con menos impacto).

Para cubrir las bajas del personal con más facilidad «la Gerencia de Servicios Sociales nos puso a disposición el listado de las últimas alumnas que se acreditaron con certificado profesional de gerocultoras, pero ya está agotado». La Gerencia de Servicios Sociales ha puesto a disposición de los centros privados su bolsa de trabajo y las demandas de empleo del Ecyl.

La escasez de personal cualificado ha hecho que la Junta permita contratar a personas sin titulación, como rezaba el anuncio de Mensajeros de la Paz para una de las residencias que gestiona en la provincia, en concreto, la de Brañuelas. «La contratación en las residencias es fundamental en el momento en el que se producen bajas en las plantillas, en cualquier situación pero más en la actual que en determinados centros las bajas pueden llegar a ser bastantes», precisa esta entidad.

Las dificultades propias del sector y de la pandemia se agravan «por el miedo hacia las residencias que se está alimentando a lo largo de esta crisis», lamenta Patricia Rodríguez, de Mensajeros de la Paz. No todas las personas de baja son positivo en Covid-19. «La solución no es sencilla pero pasa por facilitar a las personas que trabajen, modelos similares a los que se aplican en la agricultura», comenta.

Las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno permiten la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias, para cubrir trabajos temporales.

Asimismo, solicita «el seguimiento individualizado de las bajas con pruebas periódicas e incorporación inmediata al puesto una vez conseguido el resultado negativo en dichas pruebas».

Un miedo que «es comprensible, pero que no nos puede paralizar, tenemos equipos de protección», añade la dirección de la residencia El Roble, de Laciana, la única intervenida en la provincia por la Junta, y que ha tenido que recurrir a personal de fuera de la comarca para cubrir las bajas del personal.

Hay residencias que han puesto anuncios por todos los sitios para cubrir las cuantiosas bajas causadas, como es el caso de un centro en Villarejo de Órbigo, con el 70% del personal que ha dado positivo.

José Ignacio Gutiérrez, de Alerte, añade que la problemática se agudiza por la medicalización de las residencias que se ha hecho necesaria «cuando ya no se traslada a ciertas personas a los hospitales». «Hay que hacer cuidados hospitalarios en la residencia» y eso implica más personal. «Nosotros tenemos agotada la bolsa de empleo y eso que he tenido suerte. Pero si me vinieran cuatro persona las contrataba porque hacen falta», comenta.

En la residencia de personas mayores de Armunia, de titularidad pública, hay 39 personas de baja, el 32% de las 119 que trabajan en este centro, las dificultades para cubrir las plazas vacantes han sido menores. «La práctica totalidad de la plantilla está sustituida», asegura la Gerencia de Servicios Sociales.

La carencia de equipos de protección individual (Epis) ha sido uno de los problemas básicos la mayoría de los centros sobre todo en los días iniciales de la crisis sanitaria. Martínez, que regenta dos residencias, una en Palacios de la Valduerna y otra en Veguellina de Órbigo, señala que en su caso se arreglaron con donaciones de batas de las Brif de Tabuyo (un centenar) y otro material cosido por las amas de casa de la comarca porque «carecemos de buzos específicos».

UGT exige a la Consejería de Familia protocolos de actuación y medidas de protección, test rápidos y PCR — que ya realiza la Gerencia de Atención Primaria— auditorías a todos los centros autorizados por la Junta, datos de contagios en residentes y personal y aumento de las ratios de plantilla por ocupación.

Comisiones Obreras ha planetado a las patronales Lares y Acalerte planes de continuidad para garantizar la salud en residencias y centros sociosanitarios por iniciativa de su secretaría de Salud Laboral para «reducir las posibilidades de contagio» y mejorar la calidad asistencial.