Las pensiones de 650.000 funcionarios pasan a depender de la Seguridad Social
Ni el estado de alarma ha impedido que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ponga en marcha en pleno confinamiento uno de los propósitos que anunció en su toma de posesión: asumir también la gestión de las pensiones de las clases pasivas, que en la actualidad comprende a casi 650.000 funcionarios jubilados y que supone un gasto anual de unos 15.500 millones de euros, de forma que sea la Seguridad Social la que controle todas las pensiones públicas del sistema.
Con este objetivo, el Gobierno aprovechó el Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente a la epidemia del coronavirus para modificar la gestión de las prestaciones de estos empleados públicos, que hasta ahora dependían del Ministerio de Hacienda, sin haberlo consultado previamente ni a los grupos parlamentarios ni a los sindicatos, algo que desde CSIF criticaron con dureza.
El Real Decreto Ley publicado el pasado miércoles incluye varias disposiciones adicionales en las que se inicia este traspaso de departamentos que, no obstante, se ejecutará definitivamente cuando se apruebe otro Real Decreto de estructura del Ministerio de Seguridad Social. Hasta entonces la gestión de estas prestaciones de funcionarios del Estado las asumirá de manera transitoria la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para pasar, después, definitivamente a manos del Instituto Nacional de Seguridad social (INSS). Sin embargo, el Estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones, ya que el sistema ya cuenta con un abultado déficit en el entorno de los 18.000 millones de euros anuales. Para justificar esta forma de hacerlo, vía Real Decreto, que solo puede utilizarse en casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Ministerio alega que el calendario que tenía previsto por el Gobierno para llevar a cabo la inclusión de las clases pasivas en la Seguridad Social «se ha visto radicalmente alterado por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19» y los cambios normativos que requiere no pueden ser aprobados «mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria», porque el retraso en el tiempo que ello implicaría «generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía». En la actualidad hay 637.213 empleados públicos jubilados en las clases pasivas.