El presidente se queda solo y cada vez tiene menos apoyo en su coalición y en la oposición

Hace tres semanas, Pedro Sánchez anunció que contactaría con los líderes de todos los partidos para proponerles una reedición de los pactos de la Moncloa. Tras un primer debate semántico (las partes coincidieron en que la situación de la España de 1977 era muy distinta a la de 2020), aquella propuesta quedó bautizada como pactos de reconstrucción.

Pero como tantos otros asuntos en esta crisis sanitaria, ha pasado casi un mes desde que el acuerdo fue invocado por primera vez y desde entonces, y aunque parece algo importante, pocos pasos firmes se han dado. Anticipando que podría tratarse de un plan ideado por Iván Redondo, mano derecha del presidente, para repartir las previsiblemente nefastas consecuencias políticas de la crisis, el PP se mostró desde el primer momento reacio al pacto. La falta de comunicación entre Sánchez y el presidente de los populares, Pablo Casado, tampoco ha ayudado a acelerar el proceso. Finalmente, una reunión por videoconferencia el pasado lunes entre ambos desbloqueó, en principio, la situación. Se acordó que la mesa de negociación se transformara en una comisión parlamentaria y hasta Vox, el partido que había rechazado desde el primer momento cualquier intento de colaboración con el PSOE, dio a entender que podría participar si se daban las condiciones.

Pero desde ese día, por cada avance ha habido un retroceso. Se ha cerrado que en la comisión participen todos los partidos, pero el PSOE y Podemos quieren poner las reglas sin contar con el PP, de manera que los pactos de reconstrucción solo hablen de eso, de reconstrucción, y no sirvan para fiscalizar la labor del Ejecutivo durante la crisis. El PP, que quería presidir la comisión, se siente ninguneado. Y mientras tanto, los principales partidos de las comunidades autónomas y ayuntamientos tratan de consensuar acuerdos de reconstrucción regionales que parecen más cercanos que los del Congreso.

La primera víctima de las guerras es la verdad y el primer culpable en las crisis, la comunicación. En la batalla por el relato, y pese a contar con la ventaja de ostentar el poder, el Gobierno ha tropezado casi desde el primer día, cuando el Ejecutivo decidió que los periodistas no podían preguntar directamente en las ruedas de prensa telemáticas, sino que las cuestiones deberían pasar por el filtro de la Secretaría de Estado de Comunicación. La indignación de cientos de periodistas, que firmaron un manifiesto el 31 de marzo llamado ‘La libertad de preguntar’, obligó al día siguiente a Moncloa a cambiar el formato de las intervenciones.

Pero ahí no acabaron las dudas sobre el concepto de libertad de expresión del Gobierno. El CIS del 15 de abril incluyó una pregunta sobre si habría que «restringir» la libertad de los medios de comunicación y tener solo «fuentes oficiales de información» en situaciones de crisis. La oposición y la mayoría de los medios vieron en ese CIS un propósito del Gobierno de quedar fiscalizar la información. Todavía quedan más decisiones por tomar.