El Gobierno exige a las comunidades más músculo sanitario antes de la desescalada
Sánchez sólo pactará con las autonomías la delimitación de las áreas en las que se podrá aliviar las medidas
Fernando Simón entrega al presidente del Gobierno el documento de los expertos para la desescalada. BORJA PUIG DE LA BELLACASA
Sin una vacuna en los próximos meses, sin un tratamiento efectivo contra la Covid-19 y sin inmunidad colectiva, el Gobierno lo fía todo a rebajar el número de casos de coronavirus a un nivel «asumible» por los sistemas sanitarios y garantizar que una posible nueva oleada del virus «no colapse» los servicios hospitalarios y, en particular, su talón de Aquiles en esta pandemia, las UCI. Y Moncloa, antes de hablar de desescaladas, quiere saber antes que nada qué músculo tienen los sistemas sanitarios de las comunidades para atajar un posible rebrote.
Por eso Pedro Sánchez, en la séptima reunión este domingo con los presidentes regionales desde el comienzo de la crisis sanitaria, se limitó a escuchar, sin validar en ningún momento, los planes de desescalada diseñados ya por muchos gobiernos autonómicos y que el Ejecutivo central no les había pedido en ningún momento.
Y luego anunció a los presidentes autonómicos que el Gobierno lleva tres semanas trabajando en su propio plan para suavizar el confinamiento, que deja muy poco margen de decisión a los ejecutivos regionales, con los que solo se pactará «la delimitación de las áreas geográficas» de sus comunidades en las que habrá alivio de las medidas. «El virus no conoce de límites provinciales o autonómicos. Hay que preservar unas reglas comunes para todo el territorio», subrayó la vicepresidenta Teresa Ribera.
Ese proyecto del Gobierno se basa en un documento llamado Recomendaciones Sanitarias para la Estrategia de Transición presentado este domingo y elaborado por el equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón y en el que desde el principio los expertos advierten que no debería descartarse el confinamiento «total o parcial» de grandes grupos de población durante largos periodos con el fin de poder eliminar el virus o dar margen al desarrollo de una vacuna que podría tardar más de doce meses en estar disponible, según los cálculos de los técnicos.
Las medidas
En esencia, se trata de garantizar la capacidad de los diferentes sistemas sanitarios para enfrentarse a una segunda oleada de la pandemia, algo no descartable.
El Ejecutivo cree que las autonomías, antes de dar ningún paso, deben demostrar sus «capacidades estratégicas» ante la Covid-19 en cuatro campos: la asistencia sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la identificación y contención precoz de fuentes de contagio y las medidas de protección colectiva.
La más importante es que puedan doblar de forma inmediata el número de camas de UCI (con respecto a antes de la actual crisis) si fuese necesario ante un posible rebrote, y que sean capaces de combinar la atención, de forma independiente, de un aluvión de pacientes de coronavirus con enfermos de otras patologías.
Los hospitales y centros de salud de las zonas en desescalada también deberían ser capaces de poder detectar de manera inmediata en sus áreas de ingresos a los pacientes con el virus, precisamente para establecer ese doble circuito. Por ello, deberán tener disponibilidad de realizar pruebas de PCR a todos los enfermos que ingresen.
El documento exige a las autonomías que, en atención primaria, haya centros específicos para atender pacientes con sintomatología sospechosa. Los expertos creen igualmente indispensable dotar de capacidades a los centros de salud «para la toma de muestras para el diagnóstico de Covid-19» y que haya «mecanismos logísticos que permitan resultados en 24 o 48 horas».