PSOE y PP agrandan sus diferencias por la comisión de reconstrucción nacional

 Así como la batalla sanitaria contra la pandemia va, según el diagnóstico de Sanidad, "razonablemente bien", la unidad política camina hacia el desastre y se resquebraja a medida que pasan los días. Mañana, junto al plan de desescalada, se debería de aprobar en el Congreso la creación de la comisión de reconstrucción nacional, y las perspectivas sobre un consenso son pesimistas.

El líder del PP, promotor del traslado al ámbito parlamentario de los pactos sociales y económicos que propone Pedro Sánchez, aguó los trabajos de la comisión antes de empezar. Pablo Casado considera que no es más que una operación de "propaganda" del Gobierno para "hacer responsables a los demás" de las duras medidas que habrá que adoptar para hacer frente a las secuelas económicas y sociales de la crisis sanitaria.

Lo mismo piensa de los acuerdos que se han comenzado a explorar en las comunidades autónomas entre los gobiernos y oposición de esos territorios. Son un "globo sonda" y una nueva versión de la estrategia de la "tinta del calamar" para repartir responsabilidades sobre la gestión de la Covid-19.

El problema, incidió Casado, es que Sánchez "no tiene un plan" para hacer frente a la pandemia, y, lo que es peor, "no hay nadie al volante".

En su línea de no hacer ningún gesto de complicidad, el jefe de la oposición desbarató el único acuerdo que se daba por cerrado entre el Gobierno y su partido para respaldar el decreto ley, que también tiene previsto aprobar mañana el Consejo de Ministros, con una serie de medidas que permitan hacer frente a la previsible avalancha de demandas en los juzgados relacionadas con la pandemia.

Gobierno sin concesiones

Casado se mueve en un difícil equilibrio entre la oposición frontal a Sánchez, convencido de que hay un rechazo general entre la población a la gestión gubernamental de la epidemia, y aparecer al mismo tiempo como el líder de un partido responsable con los asuntos de Estado y sensible a la demanda de unidad frente a la crisis que, de acuerdo a los diferentes sondeos, es muy mayoritaria entre la ciudadanía.

El PSOE, sin concesiones El Gobierno y el PSOE siguen, por ahora, firmes en la idea de no responder a las críticas de la oposición y multiplican los llamamientos a "superar o, al menos, dejar en barbecho la vieja cultura de la confrontación" entre partidos, según dijo hoy el ministro José Luis Abalos. En la Moncloa creen que, a pesar de la contundencia de la críticas, Casado no puede permitirse dejar al PP fuera de la negociación de los acuerdos sociales y económicos.

Pero al mismo tiempo,los socialistas no están dispuestos a hacer la menor concesión a las pretensiones de los populares en la comisión de reconstrucción nacional. El PSOE se niega a incorporar a la agenda un apartado de libertades públicas, como reclama el PP, y tampoco está dispuesto a ceder a la oposición la presidencia del comité. Del mismo modo, descarta que comparezcan ante la comisión expertos que evalúen la gestión gubernamental de la crisis sanitaria. 

Un enfrentamiento que está cerca de colmar la paciencia del resto de fuerzas políticas. La presidenta de Ciudadanos se declaró harta de que PSOE y PP "se sigan peleando" por los detalles de la comisión mientras pasan los días sin que se haga nada. Inés Arrimadas reprochó a los dos partidos sus disputas porque demuestran que "sus plazos (políticos) no coinciden con la urgencia de la calle". Han transcurrido nueve días desde Sánchez y Casado acordaron crearla.

También desde Vox hubo un aviso, y el portavoz de su dirección, Jorge Buxadé, advirtió de que su partido no participaría en "un circo mediático". En medio de este ambiente, el Congreso tiene previsto aprobar mañana la constitución de la comisión de reconstrucción nacional que, de acuerdo a la propuesta presentada por PSOE y Unidas Podemos, tendría un plazo de dos meses para realizar sus trabajar y aprobar unas conclusiones con medidas repartidas en cuatro apartados: reforzar la sanidad pública; modernizar el modelo productivo; el fortalecimiento de la protección social para los sectores de la población con menos recursos; y la posición de España ante la Unión Europea. Estaría formada por 46 diputados, de los que 13 corresponderían al PSOE, nueve al PP, cinco a Vox, cuatro a Unidas Podemos, y el resto de fuerzas políticas tendría un representante cada una. Socialistas y morados pretenden que la primera reunión de los parlamentarios se celebre este jueves o viernes.