Frente judicial
Un juez insta a la Junta a proveer de epis a sanitarios
El Colegio de Enfermería de León logra medidas cautelares y juicio
Personal del Hospital de León durante un homenaje tributado por los camioneros. MARCIANO PÉREZ
La falta de protección de los profesionales de la sanidad ante el Covid-19 avanza en el frente judicial en León. El Juzgado de lo Sociaal número 3 de León ha señalado para el 29 de mayo la vista del Colegio de Enfermería de León contra la Junta de Castilla y León, a la que demandó por incumplimiento de la prevención de riesgos laborales.
El juzgado estima la solicitud de medidas cautelares del Colegio de Enfermería y acuerda que la Consejería de Sanidad, la Gerencia Regional de Salud y las diferentes gerencias de área de León y El Bierzo provean de inmediato de batas impermeables, mascarillas fpp2 y fpp3, así como de kits pcr diagnóstico covid-19 y sus consumibles, kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno), gafas y pantallas de protección, hisopos y contenedores grandes de residuos en todos los centros del área de salud de León «en cantidad suficiente y de forma continuada en tanto en cuanto dure la situación de alerta sanitaria, para garantizar la efectiva prevención de riesgos laborales de su personal funcionario, estatutario o laboral».
La resolución es recurrible, pero según alega el Colegio de Enfermería «resulta inmediatamente ejecutiva y obliga a la Administración Autonómica a la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios de León, ante la grave situación de salud laboral que sufre dicho personal en su lucha diaria contra la pandemia del Covid 19». José Luis Blanco, presidente de la organización colegial, señala que el contagio de profesionales se sitúa en torno al 20%. «El Colegio Oficial de Enfermería de León ha venido ejercitando todas las acciones posibles en defensa de la protección de la salud del personal de enfermería de la provincia de León y por extensión al resto del personal sanitario, ante lo que se considera como una gestión insuficiente y cuestionable por parte de la Junta de Castila y León, evidenciada por el elevadísimo número de contagios entre los profesionales sanitarios y la precariedad en muchos casos».