El juez acusa de la campaña de acoso a «miembros del Gobierno» de Podemos
Castellón denuncia ante el Poder Judicial el hostigamiento en redes y medios afines a Iglesias
Pablo Iglesias, en los pasillos del Congreso. EMILIO NARANJO
El juez Manuel García-Castellón ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial la campaña de amenazas, coacciones y hostigamientos en redes sociales y en «algunos medios de comunicación» afines a Unidas Podemos que se ha desatado contra él a raíz de que el pasado miércoles pidiera al Tribunal Supremo que investigara a Pablo Iglesias por denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos en el denominado ‘caso Dina’.
La Guardia Civil ya abrió el jueves una investigación tras una primera denuncia del magistrado ante la Fiscalía para tratar de determinar las personas que están detrás de las amenazas y el hostigamiento. Pero, en esta ocasión, el instructor va más allá y acusa directamente a dirigentes de Unidas Podemos y a miembros del Gobierno de estar alentando esta campaña.
El magistrado indica que los mensajes contra su persona son «repetidos y amplificados» por muchos dirigentes morados, «entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional».
En un escrito dirigido al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional explica que esa campaña pretende «restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada sobre el vicepresidente», «deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados» e «intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña», además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de «una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política».
Las reflexiones del juez tienen mucho que ver con las palabras del vicepresidente segundo, que el jueves afirmó que era víctima de una operación de «la derecha», en general, sin distinguir entre fuerzas políticas y jueces, para derribar al Gobierno. Iglesias no atribuyó a García-Castellón que el caso Dina haya llegado al Supremo y dio a entender que el juez era un mero apéndice de un complot más amplio.
Unidas Podemos negó cualquier relación con esa campaña.