El Gobierno reducirá las penas por tráfico de hachís y aumentará las del blanqueo de capitales

El Gobierno planea reducir de forma sensible las penas previstas para el tráfico de hachís, así como para todas aquellas drogas donde se pueda probar que su nocividad «no es mayor que la del cannabis o sus derivados». Así se incluye en el proyecto de reforma del Código Penal que está elaborando el Ministerio de Justicia, donde también se va a elevar la sanción prevista para los implicados en las grandes operaciones de narcotráfico, así como para los miembros de organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales procedentes del comercio ilícito de estupefacientes. Tanto el Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, como el mundo de la Justicia, mediante destacados representantes de las carreras judicial y fiscal, han contribuido al texto con el que se pretende sustituir el sistema punitivo vigente. Desde el Ejecutivo se ha querido dar una «consideración prioritaria» al narcotráfico dado el «significativo porcentaje» que representan estos delitos en el conjunto de la actividad ilegal (11.000 durante el año pasado), con su correspondiente proyección sobre las actuaciones de los juzgados y tribunales. La primera novedad afectará al castigo previsto para el tráfico de los distintos estupefacientes, ya que los técnicos de Justicia proponen «abandonar la distinción vigente entre drogas que causan un gran daño a la salud y las restantes, dado que la plena constatación clínica de la gravedad del perjuicio puede suceder cuando el consumo se haya extendido y consolidado». Por ello, pretenden establecer una pena general que oscilaría entre los dos y ocho años de cárcel, y otra «rebajada», de uno a tres años, para el hachís y las sustancias cuya nocividad sea «similar» al mismo. Por el contrario, tanto los responsables como los integrantes de las organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales podrán ser condenados hasta con diez años de prisión (hasta ahora el máximo estaba en seis). Frente a este endurecimiento de las penas para quienes cooperan de forma económica con el narcotráfico, el Gobierno quiere disminuir -y, en algunos casos, suspender- las sanciones previstas para los toxicómanos que, con una cantidad de droga de «escasa importancia» en su poder, acepten someterse a un programa de desintoxicación controlado por los tribunales. Otro de los capítulos importantes de las modificaciones que se van a introducir en el Código Penal afecta al comiso de los bienes, medios, instrumentos y ganancias relacionados con el tráfico de drogas, que en el futuro podrán ser enajenados por los jueces «sin esperar el pronunciamiento o firmeza de la sentencia». Para ello, será necesario que esas propiedades sean «abandonadas» por sus dueños, su conservación pueda resultar «peligrosa» para la salud o seguridad públicas, o el paso del tiempo «dé lugar a disminuciones importantes de su valor o afecte a su uso habitual». Dentro del apartado de las intervenciones judiciales, se sitúa como otra novedad el que su acción no sólo alcance a los medios con los que se haya ejecutado el delito, sino también a aquellos con los que se haya «preparado». Asimismo, se introduce el concepto del comiso de bienes «por valor equivalente», con el que se busca recuperar la cuantía económica correspondiente a las propiedades del narco que éste haya destruido o vendido tras ser descubierto.