SIETE MEDIDAS

1. Se elimina de la Ley de Extranjería la figura de la regularización extraordinaria: las campañas que el Gobierno establecía de manera discrecional para dar papeles a los clandestinos y así reducir las bolsas de irregulares. Interior considera que estas campañas alentan la llegada de aún más inmigrantes indocumentados. 2. Desaparece de la ley el concepto de «arraigo»: la posibilidad de que los sin papeles accedieran a la legalidad si probaban su estancia continuada en España y su integración en la sociedad. 3. El Consejo de Ministros ya suspendió de facto en diciembre el Régimen General de Extranjería: los irregulares que ya se encuentren en España, aunque presenten una oferta laboral no podrán optar a la residencia ni el permiso de trabajo. Los funcionarios de Trabajo tienen órdenes de rechazar automáticamente estas solicitudes. 4. El cupo o contingente anual pasa a ser, por tanto, la única vía para residir legalmente en España: un contrato que el inmigrante recibirá en su país de origen, tras presentar una solicitud en su embajada. El cupo de 2002 ha sido de 30.079 plazas, las dos terceras partes para trabajos de temporada. 5. Limitar la reagrupación familiar al cónyuge e hijos dependientes y menores de edad. 6. Reforma del Código Penal: endurecimiento de penas a los traficantes de seres humanos e introducción del delito de explotación de inmigrantes. Expulsión en lugar de juicio de los inmigrantes delincuentes reincidentes. 7. Menores: reformas legales para reducir la presión económica y social que sufren Ceuta y Melilla por el acogimiento de centenares de adolescentes.