En la actualidad 130.000 indocumentados ya están recibiendo notificaciones para abandonar el país
La reforma de la Extranjería obligará a miles de inmigrantes a marcharse
Vivir en la clandestinidad y sin ninguna oportunidad de tener un contrato de trabajo legal o marcharse de España. No habrá más alternativas. La ref
Los primeros extracomunitarios que sufrirán el inminente endurecimiento de la política de inmigración serán los 129.814 irregulares que no consiguieron papeles en la última regularización extraordinaria por «arraigo». Desde que el Ministerio del Interior diera por concluida en febrero la última de las cuatro regularizaciones extraordinarias que entre 2000 y 2001 dieron papeles a más de 428.000 inmigrantes, los casi 130.000 extranjeros excedentes de la campaña denominada de «arraigo» han ido recibiendo en mano las órdenes de abandonar el país en quince días (primer paso para la expulsión administrativa), según recoge la actual Ley de Extranjería 8/2000 en sus artículos 53 y 57 y su reglamento, en el artículo 139. Pero los excedentes de las regularizaciones no son los únicos indocumentados que viven en España, quienes podrían alcanzar las 400.000 personas, según las estimaciones de las organizaciones humanitarias. El grupo de excluidos en la futura reforma del Gobierno se completa con los sin papeles que han llegado a España durante los últimos diez meses y que no han podido siquiera optar a las regularizaciones por no cumplir los requisitos, los escasos clandestinos que no tomaron parte en las campañas de regularización pese a encontrarse en España y los demandantes de asilo a los que no ha sido concedido el ansiado estatuto y que han sido derivados al Régimen General de Extranjería. Desde comienzos de año, ni un solo miembro de estos cuatro colectivos de extranjeros indocumentados ha podido optar a regularizar su situación por el procedimiento ordinario al presentar un contrato legal de trabajo, pues el Ejecutivo ordenó el pasado enero a sus funcionarios que ni siquiera tramitaran estas solicitudes, alegando la saturación del mercado nacional de empleo. Esta decisión del Consejo de Ministros fue recurrida en marzo ante el Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por una decena de organizaciones humanitarias que pidieron la inmediata suspensión de las órdenes, por entender que eran contrarias a la propia Ley de Extranjería. En breve, el alto tribunal deberá decidir sobre la legalidad de esta medida. «Cambio de Gobierno» El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que lo que hace falta para solucionar el problema de la inmigración no es un cambio de la Ley de Extranjería, sino «un cambio de Gobierno», porque el actual está «invalidado» después de tantos cambios de criterio, con lo que se puede llegar a caer en un debate «absurdo». Durante su visita a Cantabria, el dirigente socialista volvió a pedir a José María Aznar que explique su «fracaso» en la política de inmigración, y apuntó que «no tiene sentido» insistir en la discusión por los «continuos cambios de criterio que ha tenido el Gobierno».