La Iglesia se opondrá también a la Ley de Extranjería en una pastoral

Samanes hizo hincapié en que dos de los aspectos en los que se produce mayor erosión de los derechos humanos y que se desprenden de los comentarios del ministro del Interior, Mariano Rajoy, y de las políticas de diferentes países comunitarios de endurecimiento de sus legislaciones inmigratorias, «es el arraigo y la reagrupación familiar». Para la responsable de Inmigración de la Conferencia Episcopal, estos dos elementos se están tratando en los Gobiernos europeos de cara a restringirlos, cuestión que, a su juicio, es «muy grave», porque provocará «la desvinculación total del inmigrante de su familia, con lo que esto conlleva de desintegración en la nueva sociedad de acogida». Asimismo, argumentó que estas políticas restrictivas tienen que ver con la idea en el seno de gobiernos como el austríaco, el italiano, el británico o danés, de que ya no pueden asimilar más inmigrantes, razón que, a su entender, «es mucho más lógica en estos países que en España, puesto que tienen un porcentaje de inmigración mucho más importante que el nuestro». En cuanto a la próxima Cumbre Europea que se celebrará el 20 de junio en Sevilla, Samanes precisó que la Conferencia Episcopal ve «con mucha preocupación» lo que pueda salir de esta cita comunitaria, porque, según precisó, lo único que se desprende de palabras del Ejecutivo español, es que de la reunión «sólo saldrán mayores medidas de control, sin que se entrevea ninguna medida de integración de estos colectivos». En ese sentido, recordó que esta cuestión, la de la integración, es uno de los factores que «no se está potenciando» desde el Gobierno español, y es algo «que se necesita en España para que no se vea al inmigrante, desde la sociedad española, como un problema, un extraño o mano de obra barata, sino como una posibilidad de interculturalidad». Samanes se mostró de acuerdo con lo expresado por el titular de Interior en cuanto a las medidas de control de las inmigración ilegal, y sobre todo, de las mafias que trafican con personas, pero matizó que para que este tipo de delitos se frenen no hay que recurrir al mero control, como ha insinuado el Gobierno, sino que «hace falta la integración de los immigrantes y los cauces para que ésta se produzca».