Los inmigrantes encerrados en Sevilla inician una huelga de hambre
Los 460 inmigrantes que mantienen el encierro en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde el pasado 10 de junio comenzaron este viernes una huelga de hambre de 48 horas para reclamar su regularización. Los inmigrantes, que han hecho coincidir su nueva forma de protesta con la cumbre europea que tiene lugar en la capital hispalense, han invitado a los mandatarios que ha acudido a Sevilla a visitarles. El portavoz de la Organización Democrática de Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros (ODITE), Decio Machado, explicó que la huelga de hambre como objetivo reclamar al Gobierno «que negocie directamente» con los encerrados su regularización. El colectivo de inmigrantes, que protesta también por las nuevas líneas de la política de inmigración que están siendo estudiadas en la cumbre, dirigieron ayer una carta a José María Aznar, presidente del Gobierno y del Consejo Europeo, invitándole a mantener un encuentro para poder conocer «de primera mano» las opiniones y demandas de los encerrados. En la carta de los inmigrantes hacen extensiva la invitación de Aznar a los restantes jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Sevilla. Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha comenzado a recabar información sobre cada uno de los encerrados, para tratar de regularizar su situación. Los inmigrantes han convocado este sábado a los trabajadores y parados a participar en una «asamblea por la solidaridad», en la misma Universidad Pablo de Olavide. En principio han descartado sumarse a las manifestaciones convocadas por los colectivos antiglobalización ante la imposibilidad de abandonar el recinto académico sin ser detenidos. El delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, Enrique Fernández Miranda, aseguró que «no se darán papeles a los inmigrantes encerrados en Sevilla». Fernández-Miranda adelantó que el Gobierno no cuenta con ninguna lista con los nombres y apellidos de los encerrados y su situación administrativa, tal y como le pidió al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. No obstante, auguró que muchos de los inmigrantes, cuando salgan del encierro, se encontrarán con una orden de expulsión y que habrá otros que, sin orden de expulsión, no reunirán los requisitos para ser regularizados y tendrán que irse a su casa. «Recomendaría a estas personas que vengan el año que viene con el contingente de sus respectivos países», dijo. Ahora ya es diferente Fernández-Miranda explicó que el Gobierno «no puede hacer más» después de haber legalizado en los últimos dos años a 450.000 trabajadores que estaban en situación ilegal y que habían llegado a España convencidos de que había una política de «puertas abiertas», refiriéndose a la Ley de Extranjería 4/2000. «Ahora las cosas son diferentes y no pueden venir más personas a trabajar ilegalmente», subrayó. En la misma dirección se pronunció el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, que afirmó que no se regularizará a los inmigrantes ilegales que no cumplan las condiciones que exige la ley y que el encierro en este sentido no tiene ningún efecto.