CiU dará la espalda al PP y no votará a favor de ilegalizar a Batasuna

La Ley de Partidos establece que el Gobierno y el Ministerio Fiscal son quienes pueden pedir al Tribunal Supremo la ilegalización de una formación política. Sin embargo, según el texto que este sábado entró en vigor, también 50 o más diputados pueden instar al Ejecutivo a que tome esta iniciativa. Una vía que los socios catalanes del Gobierno rechazan, aunque todavía no han decidido si se opondrían o se abstendrían en una hipotética votación parlamentaria porque la cuestión aún no se ha planteado en las Cortes. Trías reclamó formalmente al Gobierno que no utilice este mecanismo para iniciar el proceso y recordó que su formación ya votó en contra de este punto durante las negociaciones para consensuar la nueva ley. Para el portavoz de CiU es «ridículo» que el debate sobre la ilegalización de Batasuna se traslade al Parlamento porque quien tiene los conocimientos y los datos para entender si se cumplen las condiciones legales para disolver a la coalición abertzale es «el Gobierno». A pesar de ello, Trías se mostró convencido de que el Ejecutivo aplicará la ley de la manera «más rigurosa posible y sin visceralidades» y mostró su satisfacción por que el texto recoja «las 38 enmiendas de CiU que impiden ilegalizar ningún partido por su ideología». Mientras el Gobierno aseguró que no promoverá la ilegalización de ningún partido hasta que no se incurra en algún supuesto contemplado por la ley. El ministro del Interior, Mariano Rajoy, aseguró que desde el Gobierno «no haremos nada hasta que un determinado partido político sea el que sea» incurra en algunas de las causas «que podrían dar lugar a su ilegalización» y que, por tanto, el ejecutivo esperará a que alguien respalde a «organizaciones que atentan contra la vida o contra los derechos más elementales de las personas». Por su parte, los socialistas vascos se mostraron divididos en su valoración de la entrada en vigor de la ley de partidos. Así, el secretario general de los socialistas alaveses, Javier Rojo, reclamó a los nacionalistas que defiendan la nueva ley, que representa «más democracia» y «más libertad», el alcalde socialista de San Sebastián, Odón Elorza, opinó que la nueva ley es «inoportuna».