El Supremo impone tres años y dos meses de cárcel por traer a inmigrantes desde Marruecos
Máxima pena para los patrones de una patera por su poca seguridad
El Tribunal Supremo ha impuesto una pena de tres años y dos meses de cárcel a los dos patrones de una patera que trasladaba inmigrantes desde las costas de
La resolución dictada por la Sala de lo Penal del alto tribunal confirma en la mayoría de los extremos la sentencia acordada por la Audiencia Provincial de Las Palmas en abril de 2001, por la que los súbditos marroquíes Ayad B. y Mohamed S resultaron condenados a la pena máxima prevista en la ley para los delitos relacionados con el tráfico ilegal de personas. Sin embargo, reduce en un tercio la multa impuesta en primera instancia y la fija en unos 75.000 euros, al considerar que no se ha podido demostrar que los dos acusados formaran parte de una organización mafiosa de extorsión dedicada al transporte de inmigrantes indocumentados hasta las costas españolas. A pesar de que los patrones de la embarcación alegaron en sus recursos de casación que la Fiscalía no pudo probar durante el proceso que su actuación hubiera puesto en peligro la vida, salud o integridad física de los inmigrantes, los magistrados consideran que «no es absurdo» pensar que los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso tenían «indicios racionales» de lo contrario. En este sentido, recuerdan las pruebas existentes casi a diario sobre numerosos episodios de personas fallecidas en el mar como consecuencia de conductas similares a las enjuiciadas. El fallo del Supremo destaca que los dos condenados usaban para su trabajo una embarcación «más que precaria, carente de los más indispensables elementos de seguridad y ayuda a la navegación». Es por ello que -según los magistrados- un medio de transporte marítimo tan frágil como una patera resulta «sumamente vulnerable en un medio de suyo hostil», y también «muy arriesgado en las condiciones en las que se suele hacer la travesía» que recorre las decenas de millas que separan el archipiélago canario del continente africano. Los hechos ahora resueltos con sentencia firme tuvieron lugar hace casi dos años, en la madrugada del 21 de agosto del año 2000.