Diario de León

Los ilegales prestan declaración tras haber sido identificados en las dependencias policiales de Sevilla

La rectora de la Pablo de Olavide culpa a los inmigrantes de su desalojo

La rectora de la Universidad Pablo de Olavide, Rosario Valpuesta, culpó ayer a un inmigrantes «radicales» de haber obligado al desalojo del

Rosario Valpuesta, rectora de la Universidad Pablo de Olavide

Rosario Valpuesta, rectora de la Universidad Pablo de Olavide

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P. G. Cañas - SEVILLA.
León

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Cada uno de los inmigrantes detenidos presenta una situación particular aunque hay tres supuestos principales: los menos tienen ya, desde antes de su detención, expedientes para conseguir la regularización; otros tienen cursada la orden de expulsión y la mayoría la recibirá cuando terminen los trámites. Una vez se esclarezcan todos y cada uno de los casos, los que tengan posibilidades de quedarse legalmente en el país tendrán que esperar una resolución y podrían quedar en libertad en las próximas horas, mientras que los que vayan a ser expulsados tienen un plazo de tres días para presentar las alegaciones pertinentes y en 40 días la expulsión se debe ejecutar. Mientras tanto, la subdelegación del Gobierno en Sevilla tendrá que decidir si solicita al juez instructor el internamiento de los inmigrantes en el centro más cercano, que está en Málaga, o en el Centro de Estancia Temporal de la Isla de las Palomas en Tarifa (Cádiz), aunque este antiguo cuartel militar se utiliza para alojar a los inmigrantes que llegan casi a diario a las costas tarifeñas. Defensa de valores La rectora de la Universidad Pablo de Olavide, Rosario Valpuesta, que decidió interrumpir sus vacaciones para explicar los verdaderos motivos por los que el pasado miércoles solicitó la intervención policial, culpó a los «más radicales» de la situación actual ya que «a muchos de los que estaban encerrados se les podían haber regularizado los papeles porque tenían bastante documentación. Algunos, incluso, dejaron sus puestos de trabajo porque se les dijo que aquí se iban a dar papeles para todos sin mirar las situaciones individuales». La rectora negó que hubiera cambiado su postura de apoyo a los inmigrantes y aseguró que «no nos arrepentimos porque nosotros lo que defendíamos eran unos valores, el valor de un espacio de libertad para los que lo quieran utilizar. Hubo un colectivo de 200 que lo utilizó y ahora están en fase de procedimiento de regularización. Si otro grupo no quiso hacerlo, no es un fracaso de la Universidad sino de aquellos que utilizaron el encierro y han impedido la solución». En este sentido, Valpuesta insistió en que la presencia de unos «radicales que tenían amenazados a los demás, incluso a los enfermos», además la convivencia entre la institución académica y los encerrados se había hecho imposible por lo que la situación se había deteriorado demasiado como para mantenerla. Varios médicos de la organización no gubernamental Médicos del Mundo prestan asistencia médica a los inmigrantes. Una portavoz de la ONG, Carmen Zamora, aseguró que el estado de salud es «bueno», aunque hay casos de hipertensión y síntomas de fatiga.

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